El asesinato de Yeimar Gamboa Yépez, joven de 20 años, activista comunitario y aspirante al Consejo Municipal de Juventudes de Chigorodó en Antioquia, volvió a evidenciar un patrón marcado en los territorios más golpeados por la violencia en Colombia: la participación política juvenil se ejerce en condiciones precarias de seguridad, muchas veces sin garantías mínimas y con un alto riesgo. A tan solo semanas de las elecciones de los Consejos Locales y Municipales de Juventudes, que se celebrarán el 19 de octubre de 2025, el homicidio de Yeimar genera un ambiente tenso y preocupante para los jóvenes que participarán en estos comicios electorales.
Gamboa fue asesinado en el barrio El Bosque, una zona de Chigorodó marcada por el control territorial de grupos armados ilegales. Su asesinato ocurrió después de haber participado en un evento sobre salud mental y liderazgo juvenil, lo que da cuenta de su activa vinculación a procesos comunitarios y de su visibilidad como figura pública en su municipio. Chigorodó, en el corazón de Urabá antioqueño, se ubica en una ruta estratégica de múltiples economías ilegales como el narcotráfico y el contrabando, y hace parte de una subregión que históricamente ha estado bajo disputa de grupos armados. Allí operan redes ligadas al Clan del Golfo y otros actores con control territorial.
No es casualidad que, según la Defensoría del Pueblo y organizaciones de defensoras de derechos humanos, el departamento de Antioquia, y en particular el Urabá, figure entre las regiones con mayor número de alertas tempranas por riesgo a líderes sociales, defensores de derechos humanos y activistas juveniles.
Los Consejos de Juventud: una promesa institucional que no despega
Desde su creación, los Consejos Municipales y Locales de Juventud fueron pensados como un instrumento de participación autónoma, incidente y representativa para jóvenes entre 14 y 28 años. Su objetivo fue abrir canales formales de interlocución con el Estado, fortalecer el liderazgo social juvenil y contribuir a la renovación de la democracia desde lo local. Sin embargo, esa promesa se ha debilitado frente a la ausencia de garantías y la falta de condiciones reales para ejercer el rol.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que ha hecho seguimiento técnico al funcionamiento de los CMJ, reveló que cerca de la mitad de los consejeros actuales han enfrentado algún tipo de amenaza, hostigamiento o riesgo derivado de su rol. A esto se suma el hecho de que muchas veces no cuentan con protección institucional, ni con los medios materiales ni humanos para activar rutas de seguridad. Especialmente preocupante es la situación de los menores de edad que se postulan o ejercen como consejeros: se enfrentan a los mismos riesgos que un político adulto, pero sin el respaldo del sistema de protección pues hay un gran vacío en la norma frente la protección de menores de edad por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Vea también: Elecciones a los Consejos de Juventud 2025: ¿fallará de nuevo el experimento?
Los datos también muestran que estos jóvenes deben lidiar con la estigmatización, el abandono institucional y la cooptación de los espacios por actores tradicionales. En la práctica, participar en los CMJ implica exponerse sin garantías reales de protección ni mecanismos eficaces de interlocución.
El caso de Yeimar no es aislado. Semanas antes, el candidato juvenil Samuel Londoño fue secuestrado mientras se desplazaba por una vía entre Miranda (Cauca) y Florida (Valle del Cauca). Su retención, en manos de actores armados aún no identificados, demuestra el alto riesgo que enfrentan los líderes juveniles, especialmente en territorios con una alta presencia de grupos armados y bandas criminales. Aunque Samuel fue liberado días después, su caso dejó una alerta abierta: el proceso electoral juvenil está ocurriendo en medio de un contexto de creciente tensión y violencia preelectoral.
De hecho, según la Misión de Observación Electoral (MOE), entre marzo y julio de 2025, se han documentado más de 300 hechos de violencia política a nivel nacional. Aunque no todos están ligados a los CMJ, este clima de inseguridad afecta transversalmente su participación. Jóvenes que apenas inician su camino político enfrentan condiciones similares a las de los liderazgos sociales más expuestos, sin la preparación, experiencia o protección institucional que permita contener los riesgos.
¿Qué está haciendo el Estado?
Luego del asesinato de Yeimar, las reacciones institucionales no se hicieron esperar. Comunicados oficiales, llamados a la justicia y promesas de investigación fueron difundidos por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Gobernación de Antioquia y líderes políticos del Centro Democrático, partido al que pertenecía el joven. También se activaron comisiones de seguimiento y se plantearon medidas de protección. Pero como ha ocurrido en otros momentos, las respuestas llegan tarde y con poco alcance real en terreno.
Más allá de los comunicados y las declaraciones oficiales, el problema de fondo sigue siendo el desfase estructural entre el discurso de participación juvenil y la capacidad real del Estado para protegerla. Mientras los esquemas de seguridad siguen sin ajustarse al perfil y las necesidades de los jóvenes, en especial de quienes son menores de edad, las garantías operan con baja eficiencia, y las rutas de atención continúan siendo ineficientes o inexistentes en zonas de riesgo.
Esta desconexión institucional ocurre, además, en un momento políticamente crítico para el Viceministerio de Juventudes, entidad que, por ley, lidera las políticas públicas de participación y garantías para la juventud. El escándalo en torno a las inconsistencias en la hoja de vida de Juliana Guerrero, quien sería la candidata del presidente Gustavo Petro para asumir el rol de viceministra de las Juventudes, no solo ha deslegitimado la figura institucional ante amplios sectores sociales y políticos, sino que ha desplazado del centro del debate la obligación de este despacho de asumir responsabilidad directa frente a la crisis de seguridad que enfrentan las candidaturas juveniles.
A tres semanas de las elecciones: riesgos y oportunidades
El proceso electoral de los Consejos de Juventud llega a su segunda edición con profundas tensiones. A las barreras ya conocidas; baja participación, escasa visibilidad, débil articulación interinstitucional, ahora se suman ahora los riesgos reales de seguridad.
Si el Estado quiere evitar que el proceso de 2025 se convierta en un nuevo fracaso, necesita actuar con rapidez y enfoque. No basta con pedir garantías; es necesario desplegar mecanismos reales de protección, observación electoral ampliada, enfoque diferencial para menores de edad, y coordinación efectiva entre autoridades locales, entes de control, organismos de derechos humanos y organizaciones juveniles.
El asesinato de Yeimar Gamboa evidencia una grave deuda institucional con la protección de los liderazgos juveniles en Colombia, especialmente en territorios donde ejercer la participación significa exponerse a riesgos letales. Sin embargo, esta situación no debe representar un debilitamiento de la participación política juvenil. Los Consejos de Juventudes no pueden seguir siendo vistos como un experimento fallido, sino como espacios legítimos de incidencia que deben ser protegidos y fortalecidos. Y eso solo se logra garantizando que ninguna vocería juvenil tenga que elegir entre alzar la voz y preservar la vida.
