Desde la elección de Alexander Vega como registrador, no sólo la entidad parece ir en la vía contraria de la reforma sino también el Congreso, que parece más preocupado por actualizar el código electoral para regular el uso de tecnologías en los certámenes, que la estructura y función pública de la organización electoral, principal desfase que encontró el alto tribunal entre el código de 1986 y el nuevo modelo de Estado adoptado en la Constitución del 91.
Hasta la fecha, Alexander Vega ha despedido a más de 1500 funcionarios de la Registraduría (ver anexo 1, respuesta de la Registraduría Nacional a derecho de petición), nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta sobrinos de magistrados del Consejo de Estado.
Al presidente Duque, por su parte, le prometió la vinculación de 1000 jóvenes, el 10% de la planta del personal de la Registraduría. Y ahora pretende impulsar la politización de la entidad en el Congreso a través del nuevo código electoral, transformando cargos de carrera, como los registradores municipales y auxiliares, a los que se accedía por concursos de méritos y por tanto, tenían protección reforzada, en cargos de libre remoción “por pérdida de confianza”. Y, a pesar que ninguno de los cargos incluidos en el artículo son de libre nombramiento, el Registrador ha nombrado a dedo personas para suplir las vacantes que el mismo generó, en contravía de lo estipulado por la ley y la Corte Constitucional.
Los nombramientos
De las más de 1500 personas nombradas por Vega se encontraban 31 delegados departamentales, 15 de los cuales reemplazaron a aquellos que entraron por concurso de méritos en el 2008 y 15 que reemplazaron a quienes estaban en provisionalidad, al menos 102 registradores municipales que también reemplazaron a aquellos que estaban en provisionalidad, 32 auxiliares, entre otros.
