En territorios como Belén de Bajirá, en Nueva Antioquia, en tantos otros rincones del Urabá, la máquina paramilitar de comandantes como Raúl Emilio Hazbún entró aplastando personas, territorios, dignidades. Perteneciente a la Casa Castaño, grupos como el frente Alex Hurtado contaron con la ayuda de Banadex, filial de la multinacional Chiquita Brands, quienes pagaron 3 centavos de dólar por caja de banano enviada a los Estados Unidos a los paramilitares. En 2024 la justicia norteamericana condenó a 11 empleados de la multinacional por haber apoyado a grupos paramilitares en su afán por “pacificar” la región. Las multas, además de las penas de cárcel, llegaron a los 38 millones de dólares. Esto lo determinó un tribunal en los Estados Unidos. En Colombia la justicia aún no llega.
Por eso, el pasado 20 de agosto, en las instalaciones de la fundación Paz y Reconciliación, se llevó a cabo una rueda de prensa con veinte víctimas de Chiquita Brands, quienes vinieron expresamente a reclamarle al gobierno por la necesidad de ser reparados.
El evento contó con la presencia del director de Forjando Futuros, Gerardo Vega, quien ha dado buena parte de su vida por la lucha de la restitución de tierra a los campesinos que han sido despojados de ella; con León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación y con el excomisionado de paz Danilo Rueda.
En una de las intervenciones, León recordó que, en los años en los que era gobernador de Antioquia y mientras miles de campesinos eran desplazados, torturados, asesinados o desaparecidos, Álvaro Uribe Vélez se refirió a lo que vivía Urabá como una “Pacificación”. En 1997, un coronel llamado Carlos Alfonso Velásquez, que recibía órdenes del general Rito Alejo del Río, en la Brigada 17, con sede en Urabá, denunció que Del Río había decidido no combatir a los grupos paramilitares que azotaban en la zona. Velásquez se agrupó con Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó y con otro general, Víctor Álvarez, quien no estaba de acuerdo con las Convivir. Se le pararon de frente al gobernador Uribe y le expresaron su rechazo a esta actividad. Su respuesta fue ignorarlos.
La violencia ya se había encarnizado sobre el Urabá. Con Del Río, empezarían un reinado de comandantes de esa Brigada que flotaron bajo el rumor de ser colaboradores de paramilitares. Uno de ellos fue Jorge Eliécer Plazas Acevedo. La denuncia y posterior condena a Chiquita Brands deja en evidencia, como algo real, la práctica que usaron políticos y empresarios de Urabá de apoyar sin resquemores a los grupos paramilitares para acabar, por ejemplo, con el movimiento obrero y también para quedarse con tierras, despojar casas y terrenos, saquear. Hay que recordar que Del Río y Plazas Acevedo fueron condenados por la justicia por la violencia ejercida en el Urabá.
En el año 2000, Álvaro Uribe condecoró en el Hotel Tequendama, como un héroe de la patria, a Rito Alejo, a pesar de la evidencia en su contra. Como gobernador y como presidente, Álvaro Uribe estuvo de espaldas a las necesidades y denuncias de los obreros y de la población que sufrió los estragos del paramilitarismo en Urabá.
Con la denuncia que se hizo en Pares, en la que se le exige al gobierno colombiano la reparación de más de 30 víctimas de Chiquita Brands, que apoyó sin restricciones la ofensiva paramilitar, se abre otro capítulo en la historia de terror que protagonizó el empresariado colombiano con una parte de los políticos de Antioquia, que pudieron hacer más para contrarrestar el holocausto paramilitar que caía sobre las plantaciones de plátano.
