Seis meses después de que comenzara el proceso judicial contra Iván Name y Andrés Calle, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los expresidentes del Congreso. Están acusados de cohecho impropio y peculado por apropiación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.
La ponencia presentada por el magistrado Francisco Farfán que solicitó la medida preventiva en contra de los congresistas estuvo discutiéndose desde el día 6 de mayo y solo hasta el 7 de mayo emitió el concepto que desde hace meses estaba esperando el país político.
¿Por qué están salpicados los dos expresidentes del Congreso?
Según la Corte Suprema, Iván Name y Andrés Calle están vinculados al caso de corrupción por sobrecostos en los carrotanques que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD) debía enviar a La Guajira en 2023.
Sus nombres surgieron desde las primeras investigaciones, tras ser señalados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, y Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad. Según las declaraciones de los exfuncionarios, Name y Calle habrían facilitado la aprobación de proyectos de interés del gobierno a cambio de dinero proveniente de presuntos desfalcos en la UNGRD.
A esas declaraciones se debe sumar el informe investigativo de Caracol Noticias, en el cual se relató cómo se les hizo entrega de 4 mil millones de pesos a los dos expresidentes, tres mil para Name y mil para Calle, los cuales fueron entregados por Pinilla a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, quien está privada de la libertad desde diciembre de 2024.
La historia de las maletas y la suite del Hotel Tequendama donde presuntamente Sandra Ortiz recibió y contó el dinero que después transportó al norte de Bogotá para comprar a Name hicieron mella en la opinión pública que se terminaba de asombrar cuando leía los chats de Sneyder Pinilla en donde coordinaba con su conductor la compra de una maleta negra en la cual transportaría hasta Montería, los mil millones que le correspondían al expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
Dichos sobornos buscaban presuntamente favorecer el tránsito de las reformas del gobierno y agilizar procesos como fue la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, tal y como reveló en entrevista reciente Sandra Ortiz, al referirse a su participación como “mensajera” dentro del proceso.
El vaticinio de Name
Aunque la detención de los dos expresidentes del legislativo no significa que sean culpables en el amplio caso de corrupción que involucra al gobierno Petro, desde hace varios días se anticipaba un impacto político en sus carreras. Esto podría deberse tanto a la dimensión del caso como al peso de las acusaciones, evidente en el cambio de actitud de los implicados, quienes en los últimos meses abandonaron la seguridad con que enfrentaron las primeras citaciones judiciales a finales de 2024.
Este desgaste político tuvo uno de sus momentos más visibles el 6 de mayo, cuando Iván Name, conocido anteriormente como figura protagónica del Senado, intervino en la plenaria que debatía el proyecto sobre transfuguismo político. En su intervención, que muchos interpretaron como una despedida, el expresidente del Senado aseguró ignorar si regresará al parlamento, aunque destacó haber considerado un honor presidir la cámara alta del legislativo colombiano.
Como si se tratara de una crónica de muerte anunciada, Name abandonó el recinto del Senado con la mirada baja, en medio del proceso judicial que lo involucra.
Actualmente, el caso avanza en su fase de investigación. Continua el perfeccionamiento de esta etapa donde la corte deberá recopilar las pruebas restantes y ahí si decidir si acusan a Name y a Calle o si se determina la preclusión de la investigación.
Lo único cierto es que este es quizás el golpe más fuerte que ha dado la justicia en el marco de un caso de corrupción tan sonado, que ha terminado con implicaciones para las instituciones de un país donde estos escándalos han sido recurrentes en los últimos meses, durante el gobierno Petro.
Las órdenes de captura terminan golpeando parte de la gobernabilidad de Petro ante los partidos
Aunque Iván Name y Andrés Calle se habían desaparecido de la escena parlamentaria posterior a sus salidas como presidentes del Senado y la Cámara respectivamente, en un momento donde ya habían sido salpicados en el entramado de corrupción de la UNGRD, es claro que sus órdenes de captura terminan afectando al gobierno Petro en varios frentes, aunque no de una manera tan directa como la renuncia de Ricardo Bonilla en diciembre de 2024 o la de Carlos Ramón González en julio de ese mismo año.
La afectación más grave de este nuevo hecho golpea, sobre todo, su relación con el Congreso, en un momento donde el Partido Alianza Verde perdió el escenario de su escisión, pero continúa agravando su fragmentación al interior de su colectividad, y donde el Partido Liberal se lanzó a la independencia, salió de la coalición de gobierno para marcar distancias, y que ahora se vería obligado a mantenerla o profundizarla si no quiere que este caso termine afectando sus ambiciones electorales el próximo año.
La crisis en ambos partidos no solo está en el hecho de que probablemente se aplique el criterio de silla vacía sobre las curules de Name y Calle, lo que lleva a que las bancadas de ambos partidos se reduzcan, sino por las demandas de democracia interna y los cuestionamientos por la presencia de estructuras políticas ligadas a presuntos casos de corrupción y otras irregularidades en el seno de estos partidos.
De hecho, en el Partido Verde la pelea interna está que arde en tanto varios senadores, como Ariel Ávila y Angélica Lozano ya habían demandado la salida del cuestionado Name, incluso antes de haber sido acusado de haber recibido 3 mil millones de pesos que, según los testimonios y el material probatorio que tiene la Fiscalía, presuntamente terminaron alimentando la campaña de su hija, María Name Ramírez, al Concejo de Bogotá por esa misma colectividad.
En el caso de los liberales —partido que ya ha tenido múltiples cuestionamientos en años anteriores por la cooptación burocrática de sectores del Estado por parte de estructuras clientelares que hacen parte del partido, como en el caso Fiduprevisora—, la tensión está en si la contención de esta crisis se encuentra en moverse hacia posturas mucho más radicales frente al gobierno y castigar a los sectores liberales más cercanos (que se encuentra en la Cámara de Representantes) a quienes culpe, en cierta medida, de votar por Calle a la presidencia de aquella corporación.
En ese sentido, Gaviria, como director de partido, ha querido mover a su colectividad para impulsar el voto hacia Lidio García como nuevo presidente del Senado en la cuarta y última legislatura el próximo 20 de julio, confrontándose abiertamente con la potencial candidatura de Alejandro Carlos Chacón (el ponente de la recién hundida Ley de Transfuguismo y de la mini-laboral que ahora mismo hace curso en la Comisión Séptima de Senado), quien, como Calle, se ha manifestado mucho más abierto a negociar con el gobierno Petro y ha tratado construir su propio bloque interno al interior del Partido Liberal.
Otra consecuencia en el legislativo estará marcada con el empoderamiento de los partidos opositores (Cambio Radical, Centro Democrático), que con estas capturas ya están hablando de cómo el ejecutivo ha capturado al Congreso y lo ha comprado a través de incentivos y cupos indicativos que llevan a casos como el de la UNGRD. En ese sentido, Daniel Briceño, concejal de Bogotá, indicó una opinión compartida en los pasillos del Centro Democrático, al señalar que las maquinarias políticas de Córdoba terminaron apoyando la campaña de Petro a la presidencia en 2022, lo que implica que parte del discurso de la oposición se volcará a tratar de encajar al gobierno con los clanes políticos.
Por el momento, el gobierno ha tratado de despegarse de la coyuntura indicando que ellos habían denunciado a Name y a su grupo político desde 2017 y que en parte las acciones de Name corresponden más a su provecho propio que a una negociación con funcionarios del gobierno. En cierto modo, la narrativa de Petro ahora mismo se concentra en indicar que Name ha sido un opositor férreo a su gobierno, y que habría incoherencia de que recibiera incentivos para apoyar sus reformas y elegir a Vladimir Fernández como magistrado de la Corte, cuando en el Congreso se opuso a las mismas.
