Recientemente se dieron a conocer los diferentes puntos de ubicación para combatientes de los procesos de dialogo que viene adelantando el gobierno nacional el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Aunque estos dos procesos son diferentes, ambos comparten la iniciativa de implementar zonas en las cuales se puedan concentrar a combatientes de estos grupos armados para iniciar su tránsito y reincorporación a la vida civil. A pesar de que este proceso podría ser parte final del conflicto contra estos grupos armados, surgen diferentes dudas frente a las condiciones de seguridad para su implementación.
ZUT Norte de Santander
En esta zona se ubicará el Frente 33 del EMBF del Bloque Magdalena Medio. Recientemente se formalizo mediante la Resolución Ejecutiva No. 161 del 23 de mayo de 2025 y su objetivo es facilitar la implementación de acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes. La zona tendrá una duración de siete meses, contados a partir de la entrada en vigor de la resolución, y tendrá un plazo inicial de 45 días para el traslado de los miembros del Frente 33 y la adecuación de la zona. Durante este período, se suspenderán las órdenes de captura, incluidas las de extradición, contra los miembros acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. La ubicación exacta de la ZUT se detalla en un documento técnico de carácter reservado.
ZUT en Roberto Payán, Nariño y Putumayo.
Estas zonas fueron acordadas con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de la Segunda Marquetalia, liderada por alias Wálter Mendoza. La primera zona, se estableció en el municipio de Roberto Payán (Nariño), como parte de los acuerdos alcanzados durante el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno Nacional y la CNEB. El propósito de esta ZUT es servir como espacio de capacitación y ubicación temporal para los miembros de la disidencia, facilitando su tránsito hacia la vida civil. La zona de Putumayo será complementaria a la zona de Nariño, aunque la ubicación exacta aún no ha sido definida públicamente, se espera que funcione bajo condiciones similares a las de la ZUT en Nariño.
¿Qué retos tienen estas zonas?
Las tres ZUT establecidas, pueden tener diversos retos en su implementación. Sin embargo, la que más ha generado controversia es la del municipio de Tibú, debido a la agudización del conflicto, desatado por el ELN en la subregión del Catatumbo. En primer lugar, se ha planteado el riesgo geoestratégico, en tanto implica ubicar al Frente 33, en un territorio históricamente disputado, sin que existan condiciones de seguridad claras. (Pares, 2025).
Es claro de que, a pesar, de que la Resolución presidencial contempla la participación de la fuerza pública, el control territorial en el Catatumbo es dinámico y volátil, con una fuerte presencia del ELN, que ha demostrado capacidades militares crecientes, como el uso de drones con explosivos y tácticas de emboscada. La concentración de miembros del Frente 33 en una zona delimitada no solo los vuelve blancos evidentes en el contexto de disputa, sino que podría activar nuevos ciclos de violencia entre actores armados, exacerbando la crisis humanitaria que ya padecen las comunidades.
De igual forma, existe incertidumbre frente a la capacidad institucional y operativa en torno al funcionamiento de la ZUT. Aunque la Resolución, estipula responsabilidades sobre seguridad, adecuación territorial, atención integral a poblaciones vulnerables y programas de transformación socioeconómica (como la sustitución de economías ilícitas). Quedan dudas sobre los mecanismos de verificación, la identificación de los miembros del EMBF, y sobre los protocolos logísticos para garantizar su seguridad. Es claro que su implementación depende de una articulación efectiva entre los gobiernos locales y el gobierno nacional, que aún no se a fortalecido, aun después de haber declarado estado de excepción tras la ola de violencia a comienzos de este año.
Por su parte, la instalación de las ZUT para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) en Nariño y Putumayo, también pueden enfrentar riesgos derivados de la fragmentación interna entre disidencias en territorios altamente disputados. En Putumayo, la situación se agrava por la disputa abierta entre fracciones del EMC encabezados por el Frente Carolina Ramírez, que han sostenido enfrentamientos armados por el dominio de enclaves clave como Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo y la frontera con Ecuador. Esta superposición de zonas de influencia, sin una clara delimitación de territorios ni mecanismos de coordinación entre los distintos procesos de diálogo, puede amenazar con desbordar las capacidades institucionales de verificación y control, y poner en riesgo a las comunidades que habitan estos territorios, que podrían verse atrapadas en nuevas escaladas del conflicto armado bajo la implementación de estos acuerdos.
Es claro que las ZUT, son un avance en los procesos de negociación territorial que hasta ahora tenían muchos obstáculos. Pero su implementación, no puede ser una experiencia de ensayo y error, y más bien deben prever todos los riesgos posibles. En Colombia ya existen experiencias acumuladas con las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) aplicadas en el marco del proceso de paz con las ex Farc en el año 2016, y sin lugar a duda, se pueden generar importantes lecciones que deberían ser consideradas en la implementación de estas nuevas ZUT.
Finalmente, uno de los riesgos principales radica en la ubicación geoestratégica de estas zonas, recordemos el caso del ETCR de Puerto Asís en Putumayo o las de Miravalle, Caquetá, que tuvieron que reubicarse por amenazas a firmantes. Situar estas Zonas, en corredores estratégicos de grupos armados, expone a sus ocupantes a amenazas, desplazamientos forzados e incluso asesinatos, lo cual afecta tanto su seguridad, como la legitimidad de los procesos. Por tanto, si las ZUT no vienen acompañadas de una presencia integral, sostenida y coordinada del Estado, podrían convertirse en enclaves de riesgo más que en plataformas de transición a la Paz.
