Durante tres días, del 12 al 14 de noviembre, el Catatumbo volvió a hablar con la voz firme y dolida de sus comunidades rurales. La oficina de oriente, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), acompañó a cerca de 200 campesinos que integraron la comisión humanitaria que llegó hasta las veredas Campo Seis y Bertrania, en Tibú, y Filo Gringo y Versalles, en El Tarra: cuatro zonas neurálgicas de las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC que iniciaron el 16 de enero de 2025.
Allí, en medio de caminos silenciosos y caseríos semiabandonados, la comisión humanitaria, conformada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la Corporación Construyendo Poder Democracia y Paz (Poderpaz) y la ONG Vivamos Humanos, recogió más de 200 denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, una radiografía que evidencia el deterioro profundo que viven estas comunidades.
La presencia de la comisión despertó en las familias una mezcla de alivio y desahogo. En cada vereda, el paisaje repetía la misma postal de abandono: casas con techos vencidos producto de daños generados por los drones cargados con explosivos que vuelan por los aires de la región, escuelas cerradas, caminos fracturados por las tensas confrontaciones que se mantienen desde el 16 de enero de 2025 y el paso de los actores armados.
La comisión encontró entre 10 y 15 Juntas de Acción Comunal (JAC) sin representación, consecuencia directa del riesgo que hoy enfrentan los líderes comunales. “Son juntas acéfalas, donde nadie se atreve a asumir por miedo, por presión o porque simplemente ya no quedan liderazgos disponibles”, explicó Ciro Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Campo Seis en Tibú (Norte de Santander), quien insistió en que la falta de representación comunitaria deja a la población aún más expuesta y sin canales formales para exigir derechos.
Uno de los hallazgos más graves fue la presencia de áreas minadas cerca de pasos comunitarios, zonas transitadas y entornos escolares. En varias instituciones educativas de estas veredas, los estudiantes no recibieron clases en todo el año, y el Plan de Alimentación Escolar (PAE) tampoco llegó. “La educación dejó de ser una posibilidad real para muchos niños”, indicó Rodríguez. Entre tanto, en los centros poblados de Versalles y Filo Gringo, la comisión se encontró con sectores completamente abandonados, viviendas minadas y calles convertidas en corredores de riesgo permanente. El despojo de tierras y el desplazamiento forzado siguen marcando la vida de familias que tuvieron que huir o permanecer confinadas sin garantías.
El panorama se vuelve aún más crítico a la presencia de drones cargados con explosivos y campos minados se le suman las municiones sin explosionar en varias veredas del Catatumbo; un escenario que aumenta de manera dramática el riesgo para la población civil. Estas armas, instaladas en caminos veredales, zonas de cultivo y alrededores de escuelas, no solo restringen la movilidad y el retorno de las familias, sino que convierten cada desplazamiento en una amenaza latente. “Líderes comunitarios advierten que incluso labores cotidianas (ir al colegio, recoger agua, cosechar o trasladar alimentos) pueden desencadenar una tragedia, profundizando el confinamiento y deteriorando aún más la frágil seguridad en el territorio” añadió, Lina Mejía de la ONG Vivamos Humanos.
La ruta de la misión evidenció el severo control territorial de los actores armados. En la vía que conduce a Versalles, la comisión se encontró con dos retenes ilegales del Frente 33 del EMBF de las disidencias de las FARC-Ep. Uno de los retenes realizaba requisas a un bus interveredal que transitaba la zona; mientras, cerca de quince guerrilleros armados custodiaban la carretera, observando cada movimiento.
“Estos retenes son una forma de control social; no solo limitan la movilidad, sino que envían un mensaje permanente de quién domina el territorio”, señaló Juan Carlos Quintero, líder campesino de Ascamcat, quien insistió en que la presencia institucional en el Catatumbo sigue siendo insuficiente para contrarrestar estos controles.
Para muchos habitantes, la coexistencia de varios grupos armados en los mismos corredores ha intensificado el miedo, los vetos de movilidad y las restricciones cotidianas. “El control es tan fuerte que la comunidad ha tenido que aprender a vivir con límites invisibles: horarios, caminos vetados, prohibiciones sobre quién entra o quién sale. Esto afecta todas las dimensiones de la vida”, explicó Willinton Jaimes, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Morro Frío de Tibú.
La comisión también alertó sobre el grave riesgo electoral que enfrenta la región, justo cuando se acercan las elecciones de Juntas de Acción Comunal y las votaciones para las Curules de Paz. La falta de representación en más de una decena de JAC, la presencia simultánea de actores armados y los controles de movilidad impuestos por el Frente 33 del EMBF y el ELN crean un escenario de intimidación que podría afectar la participación democrática.
Líderes comunales advirtieron que muchos habitantes temen postularse o incluso votar, mientras que organizaciones humanitarias señalaron que, sin garantías de seguridad, la voluntad electoral de las comunidades del Catatumbo podría ser manipulada o silenciada una vez más.
Frente a este escenario, las organizaciones y líderes coinciden en que garantizar las elecciones en el Catatumbo será una prueba decisiva para el Estado. “Si no se adoptan medidas urgentes de protección, acompañamiento institucional y control territorial efectivo, el riesgo electoral podría convertir estos comicios en un trámite simbólico, vulnerando el derecho de las comunidades a decidir libremente”, explicó Judith Maldonado, de la Corporación Poderpaz.
El recorrido concluyó, dejando evidencia suficiente para sostener que el Catatumbo atraviesa una de sus crisis más complejas en años recientes. Las organizaciones humanitarias reiteraron la necesidad urgente de desminado humanitario, la activación de rutas de protección para líderes sociales, la recuperación del sistema educativo en las zonas rurales, la atención a las víctimas de desplazamiento, la consolidación de los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional, el ELN y el Frente 33 del EMBF de las disidencias de las FARC-Ep y la presencia efectiva del Estado en estos territorios.
La comisión, que fue acompañada por la comunidad internacional, la Iglesia católica y entidades del orden nacional, regresó con la convicción de que las comunidades del Catatumbo resisten no solo por necesidad, sino por dignidad. Y aunque la guerra insiste en imponer sus sombras, también persisten las voces que reclaman un país que no les dé la espalda. Entre tanto, dejó claro que la protección de la vida, la democracia local y la implementación del Acuerdo de Paz no pueden seguir siendo postergadas. Hoy, más que nunca, el territorio necesita acciones firmes y presencia estatal sostenida para que la voz de sus habitantes no siga siendo ahogada por la violencia.
