Este 4 de noviembre de 2025 la política pública de Paz Total cumplió sus primeros tres años. Durante su implementación los frutos que han madurado y cosechado han sido relativamente pocos, pero, hay que reconocerlo, muy importantes. Entre ellos, la instalación de una docena de mesas de diálogos de paz con grupos armados de todo tipo —al margen de la ley (GAOML), organizados (GAO) y de crimen de alto impacto (EAOCAI)—, algo inédito en el país; además, la firma de varios ceses al fuego y acuerdos humanitarios —entre ellos, 28 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)—.
Adicional, a estos importantes frutos ya recogidos, durante el último años se viene avanzando en recoger, lo que para la mayoría de colombianos es, el mejor fruto de la implementación de la política: tres grupos armados organizados —Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Frente 33 de las disidencias de las Farc— están avanzando en programas de dejación de armas, la desmovilización y la reintegración política, económica y social (DDR).
El primer grupo en prometer a Colombia una cosecha de buen fruto fue el frente disidente del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que, desde marzo de 2025, viene ejecutando un plan de dejación de armas y de implementación de programas de desarrollo en sus territorios. Desde aquel mes y luego de la puesta en marcha del Decreto 0356, está organización guerrillera ha logrado avanzar en la entrega y destrucción de, por lo menos, 585 armas, minas y granadas.
Convirtiéndose en uno de los primeros y más jugosos frutos de la Paz Total. Al menos para la región de Abades, en el departamento de Nariño, lugar donde opera este GAOML. Dejación de armas que, además de reducir la violencia en el territorio, ha estado acompañada del diseño de un programa de reinserción que permitirá reincorporar a cerca de 100 integrantes de esta histórica guerrilla.
El segundo fruto se tiene con el programa de DDR de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), conocida también como la disidencia de José Vicente Lesmes, alias “Walter Mendoza”. Que es una de las fracciones de la agrupación armada la ‘Segunda Marquetalia’, y que opera en el suroccidente del país, en los departamentos de Nariño y Putumayo.
Este fruto, que está en plena cosecha, logró, según información de la Consejería Comisionada para la Paz, la destrucción de 14.5 toneladas de material bélico. Todo ello en menos de un mes, en tres lugares: en Puerto Asís, Putumayo, y en Inda Zabaleta y Tumaco, Nariño. En estos tres municipios, bajo la responsabilidad de la Fuerza Pública, se realizaron jornadas de destrucción de armas —granadas artesanales, morteros y cilindros bomba—.
Además la CNEB avanzó en el desminado de 100 artefactos antipersonal y 4.140 kilos de explosivos, lo que representa un gran alivio para la población. Pues, libera los caminos rurales de las peligrosas minas, facilita la movilidad, el retorno de desplazados y el comienzo de una dinámica productiva que, sin duda, ayudará mucho al desarrollo de este territorio y a las comunidades que lo habitan.
Además, está semana se está pasando a la concentración de combatientes en las Zonas de Capacitación Integral y Ubicación Temporal (ZCIT), donde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) ha comenzado a construir y desarrollar un programa de tránsito de firmantes de la paz a la vida civil, con formación técnica y productiva. Actores comprometidos con la sustitución de cultivos de uso ilícito, con la recuperación ambiental, con el desarrollo de proyectos productivos con enfoque territorial y con el fomento de las economías campesinas
Finalmente, otro fruto que está madurando y se espera cosechar durante el último año del cuatrienio del gobierno Petro es DDR del Frente 33 de las disidencias de las Farc. Estructura que hacía parte del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de la Farc y que luego de diferencias con el grupo de alias Iván Mordisco ha decidido concentrarse en la región del Catatumbo y comenzar su tránsito a la civilidad.
Desde mayo de 2025, luego de la cruel guerra que vivió este frente con el ELN, el Gobierno nacional creó una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Tibú. Allí el Estado avanza en unas negociaciones de paz que permitan establecer un programa que, además del desarme y la desmovilización de los guerrilleros, logre la reintegración a la vida civil y el tránsito de los integrantes de este grupo de las “armas a la política”.
En definitiva, los primeros frutos de la Paz Total están apareciendo, no con la abundancia y el tamaño que todos queríamos o nos imaginábamos, pero si con la esperanza y la firmeza que requiere el país. Una primera cosecha que comenzó en 2023 muy tímida con ceses al fuego y acuerdos humanitarios, pero que promete avanzar con la desmovilización de más de dos mil quinientos combatientes —por solo contar los que según informes inteligencia tiene el CNEB—.
Primera cosecha que, hasta el momento, ha servido para destruir miles de armas; que avanza firme en el diseño de programas claros de reincorporación y estabilización socioeconómica de excombatientes; que está sirviendo para que muchas comunidades participen en la transformación integral de sus territorios. Y que, en definitiva, está sirviendo para cambiar las vidas de muchos colombianos.
Eso sí, hay que reconocerlo, es una cosecha que se está obteniendo en un ambiente difícil, con un clima adverso que ha imposibilitado avances en la aprobación de una ley de sometimiento en el Congreso que facilite producir más frutos. Con unos partidos de oposición que todos los días le echan insultos a cualquier avance de la política. Y con una sociedad que valora mucho más la entrega de un arma hechiza que la implementación de un programa de no reclutamiento para la guerra de niños, niñas y adolescentes en Nariño.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
