La idea era atrevida, como todas las acciones del M-19: obligar al entonces presidente Belisario Betancur a ser sometido a un juicio ante las altas cortes. Se llamaba Operación Antonio Nariño por los derechos humanos. Todo había salido bien, hasta ahora, para el M. El costo era alto, pero tenía apoyo popular. Desde su irrupción, robándose la espada de Bolívar diez años antes, hasta tomarse la Embajada de la República Dominicana y luego robarse miles de armas del Cantón Norte, el M sabía cómo publicitarse. Tomarse el Palacio de Justicia sería de película.
Uno de los arquitectos de este golpe era el abogado Alfonso Jacquin Gutiérrez. Tal y como lo reseña oportunamente el académico Hernán Suárez, uno de sus amigos más cercanos, Jacquin tenía un documento de 13 páginas en donde estaba toda la argumentación con la que el M iba a llevar a juicio a Belisario. Lo que no contaba Jacquin, era con la brutalidad de la que estaba revestida la piel de los oficiales del ejército nacional, al menos de los que comandaron la retoma.
Existe, en estos tiempos ásperos, la necesidad de negar hechos históricamente comprobados. En Argentina el gobierno de Milei está limpiándole la cara a los desafueros de la Junta Militar. Ahora, en Colombia, están intentando negar el holocausto de la UP -La senadora Cabal dice que eso fue una matanza entre mamertos- y también algunas de las muertes de personas que estaban en el edificio vivas en el momento en el que terminó la contraofensiva del ejército, personas que salieron vivas y luego fueron ejecutadas. Un caso comprobado de esto es el del magistrado Carlos Uran.
El cuerpo de Alfonso Jacquin duró perdido hasta 2018. Lo encontraron en el cementerio del sur, en la misma fosa donde estaban restos de personas que fueron arrasadas en la avalancha de Armero. La familia de Pompo, como le decían cariñosamente, estaba segura de que él salió vivo del Palacio de Justicia y que después lo mataron. Duraron buscando pistas durante 32 años, hasta que el cuerpo apareció.
En su momento, el abogado de la familia, Eduardo Carreño, dio estas declaraciones sobre el estado en el que se encontraba Jacquin -herido, pero vivo- después de que el ejército entrara al Palacio a sangre y fuego: “Según declaraciones del coronel Edilberto Sánchez Rubiano, de la Brigada 13 del Ejército y jefe de Inteligencia, él vio a unos cinco o seis guerrilleros heridos. Pero en este caso, como en otros, esos cuerpos fueron levantados en el cuarto piso del Palacio, según las actas de Medicina Legal, incinerados. Si estaba herido en el primer piso, ¿cómo aparece incinerado en el cuarto?”.
La familia, además, tuvo que esperar cinco meses para que las autoridades les entregaran el cuerpo, una vez este fue encontrado. Decían que seguía cargando el estigma de haber sido un rebelde. Jamás fue tratado como una víctima de desaparición forzosa. Una vez sucedió lo del palacio, la familia del abogado y sus ocho hermanos tuvieron que sufrir una persecución y un estigma que los hizo cambiar de nombre. Una de sus hermanas le dijo a El Espectador cuando estaban a punto de recibir su cuerpo:
“Mi papá lo crio para que fuera senador. Prestó servicio militar, fue abogado, constitucionalista, contratista de la OIT, defensor de derechos humanos. Después el M-19 lo cooptó para su movimiento”. Su familia solo se vino a enterar que Jacquin estaba en la guerrilla cuando escuchó su voz el 6 de noviembre en la radio, era uno de los hombres que se había tomado el Palacio.
Este fue el acto que terminaría costándole al M-19 cualquier posibilidad de llegar al poder por medio de las armas. Si bien está probada la brutalidad de la retoma del Palacio por parte del ejército, no se puede negar la responsabilidad que tiene esta guerrilla al exponer a cientos de personas que, en ese momento, estaban en el Palacio de Justicia, a una operación armada. No existía ninguna posibilidad de que Belisario fuera juzgado por las altas cortes, entregado por guerrilleros del M-19. Fue un delirio de un abogado joven, brillante e idealista, como era Alfonso Jacquin.
