Una de las noticias judiciales del año fue la decisión que tomó el Tribunal Superior de Bogotá de quitarle los cargos que aprisionaban a Uribe desde finales de julio. El fallo del pasado 21 de octubre además de absolver al expresidente dejó por el piso a los testigos estrella de la Fiscalía y también dejó muy mal parada a la juez que leyó la sentencia condenatoria, Sandra Liliana Heredia. Lo que ha llamado la atención es la diferencia sustancial que hay entre una sentencia y otra.
El día empezó bien para la defensa de Uribe cuando el tribunal afirmó que fue ilegal haber tomado interceptaciones telefónicas como pruebas para enjuiciar a alguien. Acá apareció la figura de la magistrada Leonor Oviedo quien se mostró en desacuerdo con la decisión que tomaron los otros dos magistrados, Alexandra Ossa y Manuel Antonio Merchán. Contrario a sus compañeros la magistrada señaló que el papel de Uribe era muy clara como “determinador” en el delito de soborno en actuación penal. Hay que recordar que Diego Cadena, el abogado del expresidente, fue condenado después de comprobarse que había intentado cambiar el testimonio de testigos a cambio de dádivas.
El salvamento de voto de la magistrada Leonor Oviedo fue duramente criticado por Jaime Lombana. Es que todo órgano de decisión colectiva debe tener salvamento de voto que demuestra que puede haber disenso como en cualquier otro colectivo y en todas las cortes del mundo. La legalidad de las grabaciones fue la parte sustancial del salvamento de voto y el argumento por el que la magistrada quiso cambiar la votación. Lo que se plantea es que fue por error que se interceptó a Uribe, ellos estaban escuchando a otra persona y por error termina apareciendo Uribe, y que, aunque se violó la intimidad del presidente, los hechos sí ocurrieron. En palabras textuales la magistrada Oviedo afirmó lo siguiente: “La interceptación se realizó bajo la Ley 600 de 2000, con orden de autoridad competente, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que verificó legalidad, competencia, necesidad y proporcionalidad. De manera que esa Sala negó la exclusión y mantuvo la decisión”. Pero esto no invalidaba lo actuado “Rige aquí el principio de conservación de la validez y eficacia de las actuaciones judiciales que impone la incorporación de ese material al debate probatorio y su valoración conforme con las reglas de la jurisdicción”. Por eso “Corresponde incorporar esas comunicaciones al debate para su valoración con las reglas establecidas”.
Para Lombana esta determinación del Tribunal Superior de Bogotá de invalidar la prueba de interceptación es algo que no sólo salva a Uribe sino a todos los colombianos. Además Lombana afirmó que, aunque ataca la ilegalidad de estas pruebas, afirma que en las grabaciones Uribe no dice nada incorrecto o ilegal. “Defenderse no puede ser un delito” dijo el Tribunal con respecto a estas grabaciones.
Algunos medios críticos del gobierno afirmaron que el salvamento de voto de la magistrada se puede deber a la cercanía que supuestamente tendría con otra de las víctimas de Uribe, el ministro de justicia Armando Montealegre. También afirmaron que supuestamente había sido objeto de cuestionamientos por no haber aprobado exámenes de méritos.
La reacción de Iván Cepeda y de sus abogados fue el de interponer un recurso de casación a la Corte Suprema. Los errores del tribunal, reafirmado por el abogado Reinaldo Villalba, fue desconocer llamadas, excusarlas cuando las llamadas son para presionar a testigos. En relación a Juan Guillermo Monsalve, según Villalba “el soborno es clarísimo y Uribe sabía, por eso en las grabaciones dice el expresidente “proceda doctor Cadena, proceda”. La idea de Cadena era poner a Monsalve a difamar al “Tuso” Sierra sobre Iván Cepeda. En las grabaciones se escucha decir al abogado “Póngan a hablar al “Tuso” lo que quiera”.
El hecho de que exista un salvamento de voto puede influir en la casación pedida por Cepeda y sus representantes.
Así como sucedió unos meses atrás con la juez Sandra Liliana Heredia la magistrada Oviedo se ha convertido en el foco de presiones, injurias e insultos por parte de seguidores del expresidente. Su negativa a aceptar la decisión del Tribuna Superior es la base en la que se sustentará la casación de la defensa de Cepeda y las víctimas.
