—La consulta va porque va… incluso en el limbo jurídico
Luego de una reunión en Palacio, los tres precandidatos presidenciales de la consulta del Pacto Histórico terminaron firmando un documento. En él, se comprometen a seguir firmes en sus candidaturas y aseveran que el proceso sigue adelante, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera tumbar las medidas cautelares que el 25 de septiembre ese mismo tribunal tomó para permitir la inscripción de los precandidatos, y fallar de fondo sobre la tutela que Gustavo Bolívar y Carolina Corcho habían presentado, declarando que el CNE no estaba vulnerando sus derechos políticos y que existían aún vías hábiles jurídicas para poder resolver el impase jurídico en el que se encuentra el Pacto Histórico.
El debate se concentró, entonces, en la posibilidad de que la consulta se realizara finalmente o no. Según Daniel Quintero, Carolina Corcho y el registrador nacional, Hernán Penagos, la consulta sigue firme porque la decisión del Tribunal impugnó las medidas cautelares, mas no decidió de fondo sobre la viabilidad de la consulta, por lo que los candidatos no estarían inhabilitados para presentarse. Bajo esa tesis, el presidente indicó que la consulta del próximo 26 de octubre sigue firme.
No obstante, fuentes que hablaron con la Línea de Democracia y Gobernabilidad que hacen parte del Pacto Histórico y que pidieron anonimato para hablar con libertad sobre el tema, indicaron que la salvedad es que la consulta que se va a realizar el 26 de octubre sería interpartidista y no interna. Este detalle, aunque puede parecer pequeño, tiene consecuencias importantes, en tanto una consulta interpartidista impediría que el candidato que salga ganador se presente en la consulta del Frente Amplio de marzo de 2026, el segundo escenario a donde el bloque progresista pretende llegar con fuerza, a partir de una candidatura unificada.
Según las mismas fuentes, la carrera ahora es por buscar la justificación jurídica que no inhabilite al candidato ganador de la consulta presentarse en marzo de 2026. Según se baraja, la idea es que el ganador de la consulta del 26 de octubre sea presentado como “precandidato” del Pacto Histórico, en el momento en el que el Consejo Nacional Electoral defina de fondo sobre la personería jurídica de esa colectividad. Sin embargo, la jurisprudencia no es clara, y en últimas la pelota queda en la cancha del CNE.
También es claro que el hecho de que el presidente, el registrador y los precandidatos afirmen que “la consulta va porque va” es como estrategia discursiva para mantener la expectativa y evitar la desmovilización inmediata. Los costos de la consulta se elevaron a más de $200 mil millones de pesos.
—Las decisiones judiciales pueden contener y ralentizar la fuerza política del Pacto Histórico
Si bien la votación por el orden de las listas al Congreso sigue en pie (y se mantienen, puesto que estas son interpartidistas en su mayoría), es claro que el principal impacto de esta decisión del Tribunal Superior de Bogotá termina golpeando las bases políticas y sociales dentro del progresismo, que en los últimos días han tenido fuertes choques y enfrentamientos por la definición de candidaturas dentro de estas listas a nivel territorial y nacional.
El problema con la incertidumbre jurídica gira, principalmente, en la capacidad de convocatoria que puede tener el Pacto Histórico el 26 de octubre, en una fecha que no es tradicionalmente electoral y en la que solo el bloque de izquierdas debe sacar a sus bases y a la ciudadanía en general para votar.
En ese sentido, un fallo que termine por impedir la celebración de la consulta para definir candidato presidencial podría terminar por desmovilizar a una buena cantidad de votantes cuyo interés es apoyar a Iván Cepeda, a Daniel Quintero o a Carolina Corcho. En parte, se había pensado previamente que la votación por el orden de las listas sería apalancada por esta consulta. Sin la misma, el peso de la convocatoria quedaría sobre los colectivos, los movimientos sociales y las bases del progresismo, cuya capacidad de movilización se ha visto mermada luego de que se cayeran las consultas populares y finalmente se aprobara la reforma laboral el pasado mes de junio.
Uno de los grandes problemas del progresismo y del propio presidente ha sido tratar de mantener viva la llama de la movilización social y la radicalización democrática, en un escenario preelectoral donde las mismas bases ya muestran cierto desgaste, y donde precisamente las precampañas políticas se han ido moviendo a nivel regional, lo que genera reacomodos importantes que terminan afectando los intereses del Pacto Histórico a nivel territorial.
En ese sentido, mientras el Consejo Nacional Electoral tampoco emita un concepto y una decisión sobre la realización de la consulta del 26 de octubre a nivel presidencial, es probable que el vilo termine por cierta pasividad en el electorado, puesto que, sin claridad en el procedimiento electoral, es posible que la ciudadanía se desmovilice y se profundice la desarticulación interna y la disciplina dentro de un bloque político altamente tensionado.
—Las salidas para un bloque progresista que sigue en medio de la fragilidad
La mayor parte de los conceptos jurídicos que han rondado presidencia y al Comité Político del Pacto Histórico indicarían que la solución estaría en realizar una consulta interpartidista el próximo 26 de octubre. Es la salida más viable, en tanto no existe materialmente aún la personería jurídica del Pacto Histórico, por lo que los tres partidos que la componen (excluyendo a la Colombia Humana) tienen la posibilidad de brindarle a sus candidatos el aval para poder participar en la contienda.
El tema gira alrededor de la imposibilidad de que el candidato ganador vuelva a presentarse a otra consulta interpartidista en marzo de 2026, como lo había trazado anteriormente el Pacto Histórico. Según un concepto jurídico solicitado por la MOE, el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011 impediría esta participación, en tanto generaría doble militancia al incumplir una decisión popular obligatoria consignada en el voto de la ciudadanía por elegir a un candidato presidencial.
Sin embargo, según un análisis del diario El Tiempo, este concepto no es claro en que participar en otra consulta elimine la obligatoriedad de cumplir el voto, y solo ordenaría al candidato electo a que se mantenga bajo el partido por el que fue electo como candidato, ya sea en la primera vuelta directamente o en una consulta interpartidista.
Sin jurisprudencia clara, la pelota queda de nuevo en manos del Consejo Nacional Electoral, que debe definir si la estrategia del Pacto Histórico porque esta consulta defina un nuevo “precandidato” es legítima o no bajo la ley electoral, y si el candidato electo el 26 de octubre puede participar en el Frente Amplio de 2026 o si debe ir directamente a primera vuelta. Dependiendo de esta decisión, el Pacto Histórico debe definir si sigue firme en la consulta o no.
Aunque la decisión del presidente es mantenerse a toda costa, exprecandidatos como Gustavo Bolívar han impulsado desde antes de la inscripción de las candidaturas la idea de que se midan en una encuesta que entregue a un candidato único cuando se resuelvan las investigaciones de fondo y el Pacto Histórico tenga su personería. No obstante, desde la campaña de Daniel Quintero y el propio presidente se han opuesto, indicando que se debe respetar la voluntad popular.
—Los tres escenarios de la consulta
El desenlace de la consulta presidencial del Pacto Histórico depende, en buena medida, de la manera en que el Consejo Nacional Electoral y la propia coalición logren procesar el actual limbo jurídico. Las decisiones institucionales que se tomen en los próximos días no solo definirán si la consulta del 26 de octubre se realiza, sino que determinarán también la configuración interna y la capacidad de convocatoria del progresismo hacia las presidenciales de 2026. En ese contexto, pueden trazarse tres escenarios que, aunque no excluyentes, marcan rutas diferenciadas en el comportamiento político del bloque.
- Una consulta válida, pero con baja participación, con el riesgo de la erosión simbólica del entusiasmo progresista:
Este primer escenario se corresponde a la realización efectiva de la consulta, con aval de la Registraduría y sin intervención judicial adicional que la suspenda. En ese caso, la jornada electoral se llevaría a cabo bajo la narrativa de “resistencia institucional”, defendida por la Casa de Nariño y los tres precandidatos progresistas. Sin embargo, la incertidumbre jurídica, la fecha atípica y la falta de movilización orgánica podrían derivar en una participación significativamente menor a la esperada.
El riesgo político de esta movida radica en que una consulta jurídicamente válida pero socialmente débil pierda su valor performativo. Es decir, que el acto de votar dejaría de tener un efecto de legitimación y se convertiría en una demostración de desgaste, en tanto una consulta con baja concurrencia enviaría el mensaje de que la coalición redujo el músculo de su movilización social y su capacidad de entusiasmar a los sectores populares que fueron decisivos en las elecciones de 2022.
En este escenario, el ganador de la consulta podría salir fortalecido internamente, pero con un mandato político reducido, sin la fuerza simbólica necesaria para imponerse en la negociación del Frente Amplio de 2026. La victoria sería más jurídica que política, y la coalición podría entrar en un ciclo de repliegue organizativo, donde la defensa de la legalidad sustituye la energía transformadora que caracterizó al movimiento en sus orígenes, en 2024.
- Una consulta anulada o suspendida que lleve hacia la fractura interna y búsqueda de nuevos mecanismos:
Un segundo escenario, más crítico, contempla la posibilidad de que una decisión del CNE o un nuevo fallo judicial suspenda o anule la consulta. Esto generaría un impacto directo sobre la cohesión del Pacto Histórico. Las tensiones ya visibles entre los tres precandidatos y los liderazgos regionales se agudizarían, y cada sector buscaría posicionar su propio mecanismo de selección, ya fuese una encuesta, una convención interna o un acuerdo político entre las direcciones de los diferentes partidos que componen la colectividad.
El riesgo central aquí es que exista una fragmentación horizontal, en la que los movimientos que componen el Pacto se replieguen hacia sus estructuras propias y operen de forma paralela, debilitando la articulación nacional. En términos organizacionales, esto sería equivalente a una pérdida del “efecto coalición” que había permitido coordinar esfuerzos en torno a un proyecto común.
A nivel de las bases, la anulación de la consulta alimentaría una sensación de frustración y desconfianza a nivel institucional. Estas bases podrían interpretar el hecho como una muestra más de que las instituciones bloquean los procesos de participación popular, lo que reforzaría el escepticismo frente a la política institucional y debilitaría los lazos entre el movimiento social y la estrategia electoral.
En ese escenario, la prioridad del Pacto Histórico sería evitar el colapso del frente común y encontrar una fórmula que preserve la unidad simbólica. Sin embargo, cualquier alternativa tendría un costo de legitimidad, debido a que un candidato escogido por encuesta o acuerdo interno sería percibido como producto del Comité Político del bloque, no de una decisión ciudadana horizontal, como se ha vendido la consulta desde hace meses.
- Una consulta interpartidista con limitaciones jurídicas, pero rentabilidad política a corto plazo:
El tercer escenario (y seguramente el más probable según los juristas cercanos a la coalición y el que, por ahora, sería el escenario elegido) sería la realización de una consulta interpartidista, con el aval de los partidos legalmente constituidos que conforman el bloque progresista. Esta salida permitiría salvar la jornada del 26 de octubre, pero dejaría abierta una consecuencia significativa, en tanto el candidato ganador podría quedar jurídicamente impedido para participar en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026, bajo el principio de una sola nominación válida en procesos interpartidistas.
Aun así, la consulta tendría un valor político y mediático importante. Serviría como demostración de fuerza, un ejercicio de cohesión momentánea que permita al progresismo proyectar continuidad y mantener presencia en la agenda pública. En términos de la estrategia comunicacional que el gobierno ha desplegado, este escenario ofrece una victoria narrativa, ya que muestra que el bloque avanzó pese a las trabas judiciales, aunque con un costo jurídico que podría limitar su flexibilidad futura.
El reto estaría en cómo el Pacto Histórico redefine el papel del ganador. Si logra presentarlo como un “precandidato” simbólico del bloque y no como un candidato definitivo, podría preservar la posibilidad de participar en el Frente Amplio sin vulnerar la ley. Si no lo logra, el bloque enfrentará un dilema entre mantener la legalidad formal o defender la legitimidad política ganada en las urnas.
—A modo de cierre: la fragilidad como condición política en el bloque progresista
Cualquiera de los tres escenarios revela que la fragilidad institucional y jurídica en la que opera el Pacto Histórico condiciona su capacidad de movilización. Las decisiones judiciales, lejos de ser meros procedimientos técnicos, se han convertido en factores estructurales del juego político-electoral de cara a 2026.
Esta incertidumbre jurídica, combinada con la fatiga organizativa y la fragmentación territorial, terminan exponiendo al progresismo a un dilema entre sobrevivir en el corto plazo o consolidarse en el largo. Es por ello por lo que la consulta del 26 de octubre, más que un evento electoral, se estaría perfilando como un termómetro del grado de cohesión, disciplina y credibilidad que el bloque es capaz de sostener frente a un entorno institucional adverso, como el que existe ahora mismo.
En ese sentido, el desenlace de esta consulta, ya sea válido, suspendido o jurídicamente condicionado, no solo definirá la candidatura presidencial del Pacto Histórico, sino también su capacidad de seguir siendo un proyecto político con horizonte colectivo, o de diluirse en la volatilidad de la coyuntura prelectoral.
