Solamente en abril se presentaron en el departamento del Atlántico 54 homicidios, de ellos 29 ocurrieron en Barranquilla. El vecino municipio de Soledad lo sigue con 14, Malambo tuvo 9 y Puerto Colombia y Galapa 2. A pesar del barniz que quiera ponerle a la fachada de la realidad el alcalde Char, la situación en la Arenosa es crítica con respecto a la seguridad. Las bandas que dominan las esquinas de buena parte de esa ciudad son Los Pepes, Los Leones, Los Rastrojos Costeños y los Costeños. Con ellos Petro abrió, el pasado 20 de mayo, la posibilidad de negociación.
El experimento, con sus claroscuros, ha funcionado en Buenaventura y en el Valle de Aburrá. A principios de este gobierno la ciudad puerto logró algo que era impensable de conseguir: tener 87 días sin asesinatos. Las dos bandas que manejan la delincuencia en este lugar, los Shottas y Espartanos, pudieron sentarse en una mesa de negociación, incluso jugaron un partido de fútbol para sellar el cese al fuego. Medellín y su área metropolitana han bajado de manera histórica sus indicadores de violencia. Incluso alguien que está en las antípodas de Petro, el alcalde Federico Gutiérrez, ha reconocido la importancia de la paz urbana, de la negociación con las bandas.
Ahora le tocará el turno a Barranquilla. De esta manera anunció Petro la entrada de las bandas delincuenciales de esta ciudad a la Paz Urbana: Voy a iniciar un diálogo de conversaciones del gobierno con las bandas juveniles de Barranquilla. Queremos reunirlos, queremos que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que le dejen de prestar servicios al traqueto y al político que van de la mano (…) Este Gobierno les ofrece la mano, que a sus presos en las cárceles los vamos a escuchar. Vamos a pacificar Barranquilla porque el alcalde no pudo”.
Esta declaración es un pinchazo al alcalde Alejandro Char quien está en la otra orilla política del presidente. Petro deja claro que la actividad delictiva de estas bandas está relacionado a la falta de oportunidades y que la única manera de combatir con eficacia la violencia que campea en las calles de Colombia es apuntar a la justicia social. “Esos muchachos que por miles están siendo enrolados en ese tipo de organizaciones que llaman bandas, lo hacen porque no tienen universidad (…) Hay que preguntarse por qué, porque ahí no están haciendo ninguna revolución. Olvídense, ahí están traqueteando. Están usando el puerto de Barranquilla para sacar cocaína, para traer textiles que arruinan a los industriales y armas para que el pueblo se mate entre sí”.
El discurso del presidente rezuma reconciliación y apela a la realidad, en un país con profundas desigualdades es inevitable que la violencia no nos azote. Para el investigador del área de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de Pares, Nicolás León, el llamado de Petro a las bandas delincuenciales en Barranquilla “Aunque podría llegar a generar una reducción de la violencia, es un anuncio que hay que tomar con pinzas”
Según el investigador, aunque falta claridad sobre los detalles del proceso, hay algunos puntos que generan ruido. Uno de ellos es “la evidente ruptura entre el Gobierno Nacional y la Administración Municipal en cabeza de Alejandro Char”, dicha ruptura limitaría los alcances del proceso ya que “sin una participación activa de la Alcaldía, cualquier intento de instalar una mesa de diálogo en la ciudad pierde fuerza”.
Otro de ellos es la definición de los interlocutores con los que se espera iniciar los diálogos: “Petro habló de entablar conversaciones con ‘bandas criminales juveniles’, lo cual puede llegar a ser confuso ya que estas bandas no representan una dimensión real del crimen organizado en Barranquilla. Al contrario, si se va a dialogar con Los Costeños, Los Pepes o Los Rastrojos Costeños, que son los que controlan las economías ilícitas en la ciudad, es necesario evaluar los incentivos que los motiven a iniciar un diálogo, toda vez que actualmente se encuentran en una disputa abierta por el control territorial”
Finalmente, el tiempo es otro de los desafíos “una eventual negociación sería una tarea contrarreloj. Al Gobierno le queda poco más de un año en la Casa de Nariño, en un contexto en el que la agenda política estará marcado por las campañas electorales lo que dificulta la consolidación de un espacio de diálogo, como también podría llegar a enredar su propósito final”
