En los años 70, la Asociación de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina más formidable y extendida en el territorio nacional que hemos tenido en nuestra historia, iniciativa del presidente Carlos Lleras Restrepo, acuñó la consigna: “la tierra para quien la trabaja”. Ahora agregamos: la tierra para quien la necesita.
El orden rural colombiano es profundamente antidemocrático, lo sabemos desde siempre y se ha tratado de transformar. Lo intentaron de manera consistente los expresidentes López Pumarejo en los años treinta y Lleras Restrepo en los años sesenta. Ambos fracasaron. Los opositores a esas transformaciones se opusieron a sangre y fuego y hubo una violencia dura entre el 46 y el 56. Repitieron la fórmula con un poco más de sofisticación y, de un apretón de manos entre el presidente Misael Pastrana y los poderosos de la tierra, se echó para atrás el proyecto reformista bien intencionado de Lleras Restrepo.
Y aunque la lucha por la tierra ha seguido, porque es una necesidad vital para millones de familias campesinas, a ese ánimo de cambio siempre se han opuesto de mil formas los que firme, y sin miramientos, defienden ese orden de exclusión. Lo han hecho con fuerte presencia en el Congreso de la República, teniendo presidentes que poco y nada hacen y aliándose o siendo permisivos con quienes hacen uso sistemático de la fuerza y la violencia.
No tuvimos reforma agraria en los años 50 o 60, como la tuvieron todos los países vecinos, pero sí tuvimos una contrarreforma entre 1985 y 2005, dos décadas donde se expulsó del mundo rural entre 6 y 8 millones de campesinas y campesinos, al tiempo que entre 3 y 6 millones de hectáreas pasaron a manos de los despojadores. Una completa aberración hecha a punta de barbarie.
El orden rural a transformar tiene las siguientes variables: menos del 3% de los propietarios son dueños de un tercio del territorio productivo y tenemos un millón de familias campesinas con poca tierra, otros dos millones sin tierra y tres millones que fueron despojados y que en su inmensa mayoría ya se han instalado en la pobreza de grandes y medianas ciudades. Ese es el orden de exclusión a transformar.
Los diagnósticos ya están hechos. Se cuenta con los informes de la“Misión Rural” , promovida por el expresidente Juan Manuel Santos, en el que participaron la hoy ministra de agricultura Cecilia López y el ministro de hacienda José Antonio Ocampo; se cuenta con el informe de desarrollo humano“Razones para la esperanza”, promovido por el PNUD y coordinado por el maestro Absalon Machado; contamos con los informes delObservatorio de Tierras , coordinado por el maestro Francisco Gutiérrez Sanín y contamos también con la extendida obra del maestroDarío Fajardo , uno de los decanos de un importante grupo de académicos e investigadores que nos han dicho con claridad que hay que transformar ese inequitativo y poco democrático mundo rural.
La tarea es enorme y hay que hacerla. Poco y nada se ha hecho por cumplir el punto de reforma rural integral pactada en el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP en 2016. Han pasado seis años y nada, y si se hiciera el 100% de lo allí planteado, pertinente y necesario, nos quedaría mucha tarea aún para contar con un orden rural democrático.
El presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han recibido el mandato de transformar el mundo rural. En 4 años no se podrá hacer esa enorme tarea, pero sí se puede marcar un rumbo de acción y ya se ven señales: el estatuto de derechos del campesinado que deberá ser aprobado en esta legislatura y un plan de desarrollo que le dé fuerza a la economía campesina y empiece a dar tierras a quienes la necesitan.
*Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
