Gas sin monopolios: recuperar la soberanía energética

Durante años nos han dicho que Colombia es un país autosuficiente en gas. Esa afirmación, repetida una y otra vez, es apenas una parte de la historia. La realidad es que desde 2016 importamos gas a través de la regasificadora de Cartagena, un proyecto presentado como solución temporal, pero que terminó consolidando un monopolio silencioso. Desde entonces, los colombianos hemos pagado por esa infraestructura: la mitad la cubrieron las plantas térmicas del Caribe y la otra mitad salió directamente del bolsillo de los usuarios, vía tarifas eléctricas. Lo que tampoco se suele mencionar es que la operación quedó en manos del Grupo Aval, que además controla buena parte del negocio de transporte de gas en la Costa y el suroccidente del país. Así nació un modelo en el que unos pocos se beneficiaron, mientras el resto del país asumía los costos.

Colombia consume en promedio 1.000 GBTU diarios de gas natural. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), en un escenario medio la demanda crece ligeramente y puede dispararse durante fenómenos de El Niño. Por eso el reto es doble: primero, gestionar mejor la demanda, reduciendo el consumo innecesario y apostando por la Transición Energética Justa. Ahorrar entre 6% y 10% es posible, y Ecopetrol, siendo el principal productor y consumidor, tiene un rol fundamental. También lo tienen el transporte y la industria, donde hay márgenes amplios de eficiencia. El otro frente es asegurar la oferta, y aquí se cruzan las oportunidades y los riesgos.

Las exploraciones costa afuera ofrecen una perspectiva alentadora. Hoy existen 11 contratos de Ecopetrol y socios internacionales como Petrobras. Solo el hallazgo en el pozo Sirius-2 confirmó 6 terapiés cúbicos de gas natural, lo que significa que nuestras reservas podrían multiplicarse hasta llegar con autosuficiencia más allá de 2050. Si todos los proyectos en desarrollo se consolidan, el país tendría entre 4,5 y 12 terapiés cúbicos adicionales, multiplicando por más de veinte las reservas actuales. El problema es el tiempo: esas moléculas solo estarán disponibles entre 2028 y 2029.

¿Qué hacemos mientras tanto? Importar gas, pero no bajo el mismo esquema que favoreció monopolios. Por eso, el presidente Gustavo Petro tomó la decisión de abrir el mercado. Con el Decreto 1467 de 2024 habilitamos a Ecopetrol para importar gas desde cualquier fuente o país, no solo a través de la regasificadora de Cartagena. También autorizamos la reconversión de ductos de combustibles líquidos para transportar gas y dimos vía libre a que productores costa afuera y de tierra firme firmen acuerdos comerciales, asegurando viabilidad financiera para sus proyectos.

Este cambio tiene un sentido político profundo. No se trata únicamente de buscar precios más bajos o contratos más competitivos: se trata de recuperar soberanía energética. Durante demasiado tiempo, el negocio estuvo concentrado en manos de unos pocos actores privados que definían, en la práctica, cuánto y cómo importaba Colombia. Romper ese esquema significa devolverle al Estado la capacidad de equilibrar las reglas del juego y garantizar el abastecimiento en los años críticos que tendrá la transición energética.

La política energética no es una fórmula técnica fría ni un cálculo abstracto de tarifas: es una disputa sobre quién gana y quién paga. En el pasado, los colombianos asumimos costos para sostener negocios privados disfrazados de soluciones técnicas. Hoy, el Estado, a través de Ecopetrol, entra como contrapeso real. Eso no solo diversifica las fuentes de suministro, también envía un mensaje claro: los recursos estratégicos del país deben gestionarse pensando primero en el bienestar colectivo, no en la rentabilidad de unos pocos.

En el gas se juega buena parte del futuro energético de Colombia. Y lo que está en discusión no es únicamente cómo producimos o importamos, sino qué modelo de país construimos. O seguimos atrapados en monopolios que encarecen la vida de millones, o damos un paso firme hacia una política energética democrática, transparente y justa. Esta vez, el gobierno ha decidido que los colombianos no sean los que pierdan, sino los que ganen.