La semana pasada, un sector de la opinión pública en Colombia se escandalizó porque siete exmiembros del secretariado de las FARC, entre los que se contaban su máximo comandante, Rodrigo Londoño, y el exsenador Julián Gallo fueron condenados por la JEP a siete años de trabajos comunitarios. Algunos, desconociendo los acuerdos de La Habana, creían que era una injusticia que los exguerrilleros no pagaran un solo día de cárcel por el crimen del secuestro.
Lo que no contaron es que la JEP tomó una decisión parecida con 12 militares en retiro, que fueron encontrados culpables de asesinar civiles y hacerlos pasar después como bajas de la guerrilla. Estos 12 militares tienen que ver con, al menos, 135 asesinatos con un denominador común: el batallón La Popa, que era donde ejercían servicio los militares. La mayoría de estos asesinatos fueron contra población indígena que se encontraba en la zona de influencia.
Al igual que el secretariado de las FARC, estos militares no pagarán un día de cárcel intramural ya que, al acogerse a la justicia restaurativa, deberán pagar sus penas ayudando a reparar a los familiares de las víctimas. Los crímenes fueron cometidos entre los años 2002 y 2004, primer periodo presidencial de Álvaro Uribe. Muchos de estos oficiales torturaron, desaparecieron, secuestraron y asesinaron a seres humanos que no tenían nada que ver con el conflicto. Ellos son: Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda.
El área de influencia del batallón de La Popa no queda restringido a los siguientes municipios del Cesar: Valledupar, La Paz, Bosconia, Pueblo Bello, San Diego. Pero no se limitaba a este departamento. Algunas de sus víctimas también se encontraban retiradas de su radio de acción como la Sierra Nevada. Entre los asesinados hay muchos arhuacos. La práctica usada con los muertos era meterlos en fosas comunes que iban siendo desenterradas y luego vueltas a ubicar. La más grande de todas es una llamada El Copey, en Cesar. Según la Fiscalía, desde principios de la década del noventa, La Popa se dedicaba a estas prácticas, algunas veces incluso con la ayuda de paramilitares y también de guerrillas.
Fue en 2019 cuando empezaron a llegar cada vez más declaraciones de exmilitares sobre los abusos de este batallón hasta el punto de que se convirtió en el macrocaso 03. El tribunal de justicia especial identificó diez aspectos que caracterizan los crímenes de La Popa: eran personas indocumentadas, que se encontraban en muy malas condiciones económicas, eran indígenas, vendedores ambulantes o que se dedicaran al reciclaje, menores de edad, que tuvieran afinidad a un grupo armado, sin importar si fuera guerrilla o AUC, si eran menores de edad y, además, habitantes de calle, les parecían las víctimas perfectas.
Los familiares de las víctimas han luchado porque se haga justicia. El sindicado más notorio de este caso es el general Plubio Hernán Mejía quien, a pesar de haber sido condenado a 19 años de prisión, no reconoció ante la JEP su culpabilidad y ahora deberá darle la cara a la justicia ordinaria. Se acercan las horas críticas para este batallón.
