Foto: Drones de combate durante ejercicios militares. Tomada de https://es.wired.com/. MikeMareen / Getty Images
Hechos como el ataque con explosivos que sacudió a Cali, perpetrado por parte del EMC —disidencias al mando de Iván Mordisco —, y el derribo de un helicóptero de la Policía en Amalfi (Antioquia) por parte del EMBF —disidencias al mando de Calarcá —, ocurridos el jueves 21 de agosto, condensan la escalada reciente de los grupos armados y, a su vez, confirman el cambio de repertorio en el accionar de estos grupos: menos combates y mayor uso de explosivos y drones para golpear a la fuerza pública, con baja exposición.
Estos ataques se dan en un contexto donde la disputa central no es “derrotar” a la fuerza pública, ni mucho menos la toma del poder, sino controlar corredores y rentas (coca, minería, contrabando, extorsión). Sin embargo, aunque los ataques a la fuerza pública no sean un objetivo tácito de los grupos armados, es claro que estos hechos tienden a presentar descenso cuando hay ceses activos en el marco de los diálogos con estos grupos y presentan repuntes y relocalización del riesgo tras posibles rupturas.
Según las cifras estadísticas del Ministerio de Defensa, entre enero y julio de 2025, las afectaciones a la fuerza pública siguieron el vaivén de los acuerdos: en enero, con ceses activos, se registraron 53 casos; entre febrero y julio, con ceses debilitados o rotos, subieron a 507. Este no es solo un incremento cuantitativo, sino que el mapa del riesgo se desplazó hacia corredores donde hoy se deciden las rentas —Cauca–Nariño, Catatumbo, Bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar— con un repertorio de violencia que privilegia mecanismos de baja exposición, como el uso de artefactos explosivos y drones. Así, en esta ecuación, la fuerza pública aparece menos como objetivo militar y más como obstáculo a la economía ilegal y a la regulación de las gobernanzas armadas de estos grupos.
Del total de las 560 afectaciones en el periodo mencionado, el Ejército concentró 352 y la Policía 204; la Armada apenas 4. El salto posterior a enero no dispersó el riesgo, lo concentró: Cauca (126), Norte de Santander (64), Antioquia (67), Valle (50), Nariño (45) y Bolívar (43) lideran. En municipios, Cali (28), Balboa (25), El Tambo (23), Santa Rosa del Sur (20) y Cumbitara (18) marcan picos que combinan conflicto abierto con rentas urbanas y disputas rurales. El patrón no es aleatorio: sigue rutas, enclaves y mercados.
Ilustración 1. Afectaciones por instituciones Enero -Julio 2025. Fuente: Ministerio de Defensa. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación.
La lectura por meses ayuda a entender el pulso. Tras los 53 de enero, vinieron 86 en febrero, 99 en marzo y un máximo de 104 en abril; luego, 77 en mayo, 72 en junio y 69 en julio. Es decir, el rebote no aumentó del todo: se sostuvo durante un trimestre y empezó a ceder sin regresar al piso de enero. Esta curva podría sugerir que, cuando los ceses se debilitan, los actores reacomodan rápidamente su despliegue y, una vez resituados en corredores y enclaves, administran la intensidad de la coerción según su agenda económica.
Ilustración 1. Afectaciones por mes, Enero -Julio 2025. Fuente: Ministerio de Defensa. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación.
En este contexto se puede ubicar la confrontación entre el EMC y el Ejército Nacional en el Retorno, municipio del Guaviare. En donde se dio captura a diez integrantes de las disidencias[1]. Frente a este punto, es importante recordar que el Bloque Amazonas del EMC ha presentado un poder hegemónico, en zonas de San José del Guaviare y el Retorno. Sin embargo, en algunas zonas rurales de San José del Guaviare, ubicados en el sector de Guayabero, se han reportado incursiones del Bloque Jorge Suárez Briceño, al mando de “Calarcá”[2]. Es así como esta combinación entre la disputa entre grupos armados y el intento de recuperación territorial por parte del Estado, puede derivar en situaciones como las de la retención de los 32 militares por parte de las comunidades que reclaman sean respetados los corredores humanitarios.
En clave territorial, departamentos como el Cauca y Nariño concentra el mayor peso por la función geoestratégica del Pacífico y la persistencia de cultivos, laboratorios y trochas de salida; regiones como el Catatumbo se mantienen en lógica de paso y almacenamiento; por su parte el Bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar son también focos al combinar minería (legal–ilegal) con tránsitos y cobros. Y en cuidades, con Cali como ejemplo, podemos ver cómo se combinan diversas expresiones de la violencia: extorsiones, regulación de barrios, tercerización y muestras de fuerza. En todos los casos, la lógica es la de consolidar la gobernanza: controlar rentas y comportamientos, más que perseguir la derrota de un adversario estatal.
Ilustración 1. Afectaciones por departamento Enero -Julio 2025. Fuente: Ministerio de Defensa. Elaborado por: Fundación Paz & Reconciliación.
Ahora, el uso de artefactos explosivos improvisados y drones ha generado ventajas a los grupos armados. Además de disminuir los costos, esto, les ha permitido reducir su exposición y les permiten marcar presencia sin activar una confrontación abierta. Son instrumentos funcionales al objetivo central —maximizar renta y control social— y compatibles con escenarios en los que los ceses existen “en papel” o de manera intermitente. Es así como la violencia se ha vuelto casi que quirúrgica, es decir metódica y especifica: hostiga, interrumpe, disciplina y envía señales a la comunidad y a la competencia, pero evita el desgaste de una batalla extendida.
Por ello, la distribución institucional de las afectaciones podía encajar con este repertorio. En la ciudad, la Policía absorbe fricción por su rol cotidiano; en los corredores rurales de mayor valor económico, el Ejército asume la mayor parte del impacto. El cambio entre enero y el semestre siguiente —de un reparto casi parejo a una participación del Ejército por encima del 64%— habla de tareas de estabilización en áreas donde la aceleración de la renta requiere blindar rutas, mitigar la presión estatal y disciplinar a otros actores, tal como ocurrió en el municipio de Amalfi, donde recordemos que el ataque, se da contra un helicóptero de la policía antinarcóticos, pero a donde además se continúan reportando combates entre el EGC, el ELN y Frente 36 de las disidencias de “Calarcá”.
Es así como podríamos señalar que se ha consolidado una especie de guía o brújula económica que sustenta este accionar. Por ello, blindar y proteger los ceses —con reglas claras, verificación independiente y participación social— tiende a reducir las afectaciones y da tiempo para intervenir mercados: sustitución con ingresos reales. Sin embargo, esto debe fortalecerse en paralelo con la necesidad de modernizar capacidades de la Fuerza Pública, pues sin inteligencia técnica, y medidas anti-drones los riesgos son mayores.
Finalmente, el mensaje de fondo es claro: cuando los ceses funcionan, las afectaciones bajan y el conflicto disminuye; cuando se rompen, las afectaciones suben y el riesgo se reubica dónde está la renta. En ese péndulo, la Fuerza Pública es menos “objetivo” que barrera a sortear. Convertir las caídas coyunturales en tendencias sostenidas exige tres llaves al tiempo: ceses vigilados, capacidades orientadas al repertorio actual y políticas económicas que compitan con la rentabilidad criminal. De lo contrario, solo estaremos administrando picos y valles de una misma curva.
