La Transición Energética global se ha convertido en el nuevo mapa de poder económico del siglo XXI; países y empresas corren por asegurarse el suministro de minerales esenciales para fabricar paneles solares, turbinas eólicas, baterías y sistemas de almacenamiento de energía. Litio, cobre, níquel, cobalto, grafito y tierras raras ya no son simples insumos: son el núcleo de una nueva economía baja en carbono, son la piedra angular del futuro energético mundial. En ese tablero, Colombia aparece como un jugador potencialmente relevante, pero aún atrapado en sus propias contradicciones y limitaciones.
Según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía, en las próximas dos décadas la demanda mundial de cobre aumentará un 40 %, la de níquel y cobalto un 60–70 %, y la de litio casi un 90 %. Frente a este contexto, el hecho de que el 97 % del territorio colombiano tenga potencial geológico inexplorado debería ser un llamado urgente a diseñar una estrategia nacional. La magnitud de esa cifra significa que no estamos ante un recurso marginal, sino frente a una reserva que podría posicionar al país como un proveedor clave en las cadenas de valor de las energías limpias, pero que al mismo tiempo pone en jaque la preservación de las tierras vírgenes del país.
Sin embargo, la oportunidad choca con un muro de problemas internos. El sector enfrenta incertidumbre normativa, trámites lentos, reformas tributarias que desincentivan la inversión y mensajes contradictorios desde el Gobierno. Mientras se habla de la necesidad de impulsar energías limpias, las señales hacia la minería —incluso la que puede ser aliada de la transición energética— son ambiguas o negativas. La falta de un marco claro no solo frena proyectos, sino que provoca que capitales y tecnología migren hacia otros países con reglas más estables.
La minería legal, bien regulada y transparente, puede convertirse en una aliada del medioambiente, en contraposición a la minería ilegal, que en Colombia es un motor de deforestación, contaminación de ríos y economías criminales. La diferencia está en cómo se diseña y se ejecuta la política pública. Con un sistema de licencias ambientales sólido, participación temprana de comunidades y estándares internacionales de trazabilidad, es posible desarrollar una minería responsable que aporte al desarrollo regional y a la descarbonización global.
El potencial minero de Colombia no puede verse de manera aislada. La transición energética no se limita a extraer minerales, sino a integrarlos en una estrategia más amplia que incluya industrialización, innovación tecnológica y formación de capital humano. De lo contrario, se repetirá el patrón histórico de ser solo exportadores de materias primas, con poca capacidad para incidir en los precios y en la cadena global de valor.
Por otra parte, el debate debe reconocer que no hay transición energética sin minería. Las tecnologías limpias no surgen de la nada: necesitan grandes volúmenes de metales y minerales que deben extraerse de algún lugar. Negar esta realidad es cerrar la puerta a un futuro energético más sostenible. La verdadera pregunta no es si debemos o no extraer estos minerales, sino cómo hacerlo de manera que beneficie al país, respete el medioambiente y garantice condiciones justas para las comunidades.
Si no se actúa con decisión, el país corre el riesgo de quedarse como un espectador más en la gran carrera global por los recursos de la transición energética. Y en esa carrera, los que llegan tarde no solo pierden la ventaja: muchas veces quedan fuera del juego.
