Hace cuatro años el Observatorio para la Democracia de la Fundación Paz y Reconciliación – Pares, gracias al apoyo de National Endowment for Democracy –NED, adelantó un proceso de veeduría ciudadana sobre la dinámica política, los procesos electorales y de contratación pública en distintos territorios del país, documentando y develando múltiples hechos de corrupción y cooptación estatal que hemos puesto en conocimiento de la opinión pública y las autoridades competentes.
A partir de este trabajo, el Observatorio ha recolectado y elaborado una serie de recomendaciones para fortalecer los procesos de veeduría ciudadana y prevenir o mitigar la corrupción y cooptación en los procesos políticos, electorales y de contratación pública, que presentamos a continuación y esperamos sirvan de insumo para la elaboración de políticas públicas en la materia.
Para prevenir la corrupción en la contratación pública:
Hacer obligatoria la publicación y difusión de la declaración de bienes y rentas de los integrantes de cuerpos colegiados y altos cargos del ejecutivo a nivel nacional y descentralizado anualmente.
Hacer obligatoria la publicación y difusión de la declaración de conflictos de interés de los integrantes de cuerpos colegiados y altos cargos del ejecutivo a nivel nacional y descentralizado anualmente.
Endurecer las sanciones contra quienes omitan o alteren las medidas antes mencionadas, que impliquen pérdida de investidura e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Crear un sistema unificado sobre la gestión de los cuerpos colegiados que ponga a disposición un registro público de acuerdos entre el Congreso y el Gobierno Nacional, así como entre los cuerpos colegiados y las alcaldías y gobernaciones, así como de la implementación de proyectos en el marco de dichos acuerdos. Este debería ser liderado por la Procuraduría.
Se debe regular el ejercicio de cabildeo.
Implementar una política de fortalecimiento de las veedurías ciudadanas que las dote de capacidades reales para exigir transparencia en la administración pública, como límites a los tiempos de respuesta, sanciones por desacato de pedidos de información, entre otros.
Implementar una política de protección a denunciantes de corrupción, que incluya un Sistema de Alertas Tempranas con el fin de hacer seguimiento y evaluar los riesgos de violencia que se pueden presentar por el ejercicio de control político.
Reducir la brecha entre gastos de funcionamiento e inversión, de forma que se permita la flexibilización de los primeros. Esto permitiría mejorar la calidad del empleo público en la medida que quienes ejercen labores tendrán contrato laboral y no por prestación de servicios, además de mitigar el uso de nóminas paralelas que están por fuera del régimen de la función pública.
El Gobierno Nacional debe publicar los criterios de asignación del SGP y su distribución entre las entidades territoriales, de forma anual.
Quitar las medidas de casa por cárcel para quienes cometan actos de corrupción contra la administración pública.
Endurecer la responsabilidad fiscal de quienes resulten condenados por hechos de corrupción que impliquen detrimento patrimonial para el Estado. En este sentido, los condenados deberían responder con su patrimonio personal.
Aplicar la silla vacía (pérdida de la curul por parte del partido) a congresistas que resulten condenados por corrupción.
Implementar mecanismos participativos para la elaboración y aprobación de presupuestos públicos en todos los niveles de gobierno.
Implementar pliegos tipo para la contratación de obras públicas y adquisición de bienes y servicios, en especial los relacionados con los servicios de salud y alimentación escolar.
Creación de un Sistema Nacional de veedurías ciudadanas que fomente su articulación y empodere a sus miembros.
Adelantar una campaña de formalización de veedurías ciudadanas en todo el territorio nacional.
Hacer obligatoria la oferta de formación para veedores en todos los niveles de gobierno.
Promover e implementar la ley de juventud, que promueve, entre otras cosas, la participación política de este grupo etario.
Promover el uso de las herramientas del gobierno como las de Colombia Compra Eficiente, para los ejercicios de veeduría ciudadana.
Generar mecanismos de articulación entre las veedurías ciudadanas y los órganos de control que facilite su comunicación y coordinación.
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