Impunidad ronda casos de periodistas asesinados

El Espectador Sin categoría

Foto de Jaime Garzón, asesinado por órdenes de Carlos Castaño.

Para 142 periodistas, hacer su trabajo en un país que históricamente ha sido subyugado por el narcotráfico y la guerra implicó firmar su propia acta de defunción. Ni el compromiso con su labor ni la valentía de resistir los amedrentamientos fueron suficientes para escapar al acecho del terror.

De estos asesinatos que segaron la vida de periodistas, entre 1977 y 2013, en todo el territorio nacional, 64 se añejaron en las investigaciones judiciales y enfrentaron otra muerte: la prescripción. Es decir, se cumplió el tiempo en el que pueden ser investigados y los expedientes deben cerrarse. Entre ellos se encuentra el proceso por la muerte de los periodistas de este diario: Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres.

De hecho, el último de estos 64 casos prescribió ayer. Se trata del proceso por el asesinato del periodista Danilo Alfonso Baquero Sarmiento, ocurrido el 26 de diciembre de 1993. Esta cifra de casos prescritos representa, según cálculos de la Flip, el 45,9% de los crímenes mortales contra la prensa en Colombia.

“Es preocupante que pasen los años y el Estado falte a su deber internacional de investigar y sancionar a los responsables de crímenes contra periodistas. La falta de justicia en estos casos afecta también el derecho que tiene la sociedad de estar informada”, sentenció la organización en uno de sus comunicados.

Sólo en 2013 prescribieron los casos por los homicidios de Carlos Lajud Catalán, Nelson de la Rosa Toscazo, Manuel José Martínez Espinosa y Danilo Alfonso Baquero Sarmiento. Para Pedro Vaca, director de la Flip, esta situación se presenta porque “la justicia, en términos generales, está ausente y cuando opera lo hace de manera tardía”, hecho que complica las resoluciones de los juicios, pues muchos testigos deben hablar sobre cosas que ocurrieron hace diez o veinte años y el olvido “hace estragos”, sostuvo Vaca.

Reporteros Sin Fronteras ya había llamado la atención sobre los casos cuyos expedientes se cerraron este año, afirmando que “la prescripción de los asesinatos de periodistas es una trágica garantía de que la impunidad se perpetuará”. Por eso recalcó en su momento la responsabilidad que tiene la justicia colombiana de identificar y juzgar a los responsables de los crímenes. Añadió que es necesario considerar estos asesinatos como delitos de lesa humanidad para que sean imprescriptibles y se pueda contrarrestar la impunidad que los rodea. Una medida que sólo ha amparado los casos de Guillermo Cano, director de El Espectador, y de José Eustorgio Colmenares Baptista, director del diario La Opinión.

Hay varios casos cerca de caer en la impunidad. Si a enero 28 de 2014 no se ha alcanzado ningún avance en la investigación por el homicidio de Jesús Antonio Medina Parra, su caso se convertiría en el número 65. El panorama se agrava si se tiene en cuenta que, de acuerdo con estadísticas de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Colombia es el país de Latinoamérica con más periodistas asesinados entre 1987 y 2013.

El director de la Flip ve con expectativa que la justicia colombiana se esté planteando la manera adecuada de investigar los casos de periodistas asesinados, pues hasta el momento en los procesos judiciales no se tenían en cuenta las publicaciones ni los proyectos en los que trabajaba el reportero. Con la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía se abre una posibilidad que podría combatir la impunidad, pues un grupo de fiscales estaría dedicado a indagar estos crímenes. Aun así, a Vaca le queda la duda: ¿cómo analizará en contexto si el ente investigador tiene perdidos 49 casos?

Sin contar que este año la cifra se engrosó con los crímenes de Édison Alberto Molina, que transmitía el programa Consultorio Jurídico en la emisora Puerto Berrío (Antioquia) y fue asesinado el 11 de septiembre pasado, y José Darío Arenas, voceador del diario Extra del Quindío, asesinado 16 días después que Molina. La fecha límite para la resolución de estos dos crímenes parece, a primera vista, alentadora: 2033. Sin embargo, con el antecedente que implican los 64 crímenes prescritos la duda empieza a crecer, pues es como si a la justicia colombiana 20 años no le alcanzaran para adelantar las investigaciones pertinentes.

[email protected]

@macamilarincon

 

Nota publicada en www.elespectador.com