Foto: Carretera Barbacoas – Nariño
Una gran cantidad de expertos y académicos coinciden en que el postconflicto se gana los primeros 24 meses después de la firma. A ese periodo se le conoce como estabilización, en el cual el Estado debe garantizar que no se den nuevo brotes de violencia y comenzar a construir Estado en esas regiones. Si ninguna de las dos cosas se logra el postconflicto está perdido, así se hagan reformas a nivel nacional.
En Colombia el postconflicto territorial tiene muchos retos. Por ejemplo, una gran cantidad de municipios viven de las economías ilegales, ya sea cultivos de coca o minería criminal. En estas zonas las fuentes de empleo la ilegalidad, la informalidad y el Estado. Hay muy poco empleo privado. Además son regiones con deficiencias importantes; no tienen vías terciarías, no hay un comercio local desarrollado, y la capacidad administrativa del Estado local es mínima.
Por lo anterior el Postconflicto territorial en Colombia debe ser como unplan Marshall, es decir, una intervención integral y fuerte en estos territorios. Se deben lograr cuatro objetivos en poco tiempo. Por un lado, sacar población de las economías ilegales, eso significa generar mucho empleo en poco tiempo. Dos, crear infraestructura necesaria para desarrollar mercados locales donde puedan comercializarse productos legales, esto significa infraestructura. Tercero, empoderar la ciudadanía para que lideré el propio desarrollo de la región, estos significa profundización de la democracia. Por último, se requiere el fortalecimiento administrativo del Estado, mejores funcionarios, más presupuesto y capacidad de ejecución.
Lograr todo esto es un reto casi imposible en poco tiempo. Sin embargo, hay alternativas. En los acuerdos de La Habana se establece que para los municipios más apartados y afectados por la violencia se creará un Plan de vías terciarías. Este plan bien diseñado, permitiría la ocupación de una gran cantidad de población, lo cual significa su formalización, así como la construcción de infraestructura para el desarrollo.
Un kilómetro de vía terciaría bajo el mecanismo de Placa-huella o bajo el mecanismo de Doble–riego cuesta alrededor de 500 millones de pesos, se podría construir en un mes y medio cada kilómetro. Como de lo que se trata es de emplear mucha mano de obra, estas obras se deben hacer prácticamente a pico y pala, utilizando la menor cantidad de tecnología. A continuación se discriminan los costos por kilómetro de vía.
De los casi 500 millones de pesos que cuesta cada kilómetro, cerca de 115 millones se va a mano de obra. Además, 50 personas trabajarían para dicha construcción. Los municipios más afectados por el conflicto y más apartados son 281 de los 1103 que tiene el país. Así las cosas, a continuación se presentan el costo económico de construir 20, 40 o 50 kilómetros para cada uno de estos 281 municipios.
Nótese como si se construyeran 50 km por municipio el costo sería de cerca de 1 punto del PIB y en total se construirían 15.050 km de vías terciarías, es decir, cerca del 10% de total de vías terciarías del país. Además como lo muestra el siguiente cuadro sobre mano de obra en la construcción de estas vías, si se opta por 50 km por municipio se crearían 56.200 empleos. Es decir, muchos empleos, no cualificados y que ayudarían en ese proceso de formalización y de alejar muchas familias de las economías ilegales.
Si se construyeran 30 Km, el total de mano de obra sería 42 mil y con 20 km construidos por municipio sería de 28 mil empleos. Lo importante en este caso es que se ocuparía una gran cantidad de mano de obra mientras los proyectos de sustitución de cultivos comienzan a dar resultados. Se debe tener en cuenta, que a esto no se le puede aplicar la ley 80, o licitaciones hechas para grandes constructores, se debe crear un marco jurídico que permita contratar juntas de acción comunal y organizaciones campesinas, claro está que con un asesoramiento técnico mínimo.
Columna de opinión publicada en caracol.com.co