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Una masacre anunciada

Ariel Ávila Ariel Ávila, Columnistas, Conflicto, paz y posconflicto, Home noticias, Prensa, Sala de Medios

Hace algunos días en el municipio de Tumaco, en Colombia, ubicado al sur del país en la costa pacífica cerca de la frontera con Ecuador, murieron siete campesinos en medio de una protesta por la erradicación forzosa de cultivos de hoja de coca. Si bien un comunicado de las fuerzas de seguridad del Estado afirmó que la muerte de los civiles fue producto de un combate con una organización criminal denominada Guerrillas Unidas del Pacífico, al correr de las horas la versión fue quedando sin consistencia y todo parece indicar que fue la Fuerza Pública la que disparó y asesinó a los campesinos.

Tumaco es uno de aquellos territorios que concentran casi toda la cadena de un mercado ilegal. Mientras que en otras zonas del país se cultiva y a cien kilómetros están las cocinas o laboratorios de clorhidrato de cocaína, lejos de los puertos, en ese municipio todo se concentra en un pequeño territorio: hay 23.000 hectáreas de hoja de coca; se han destruido, en los últimos años, más de 100 laboratorios y es una ruta desde el Pacífico hacia Centroamérica. Por tanto, al estar todo concentrado, la disputa por el control de dicho mercado es mayor. En total, 11 grupos criminales se disputan el control: el Clan del Golfo, Guerrillas Unidas de Pacífico, Gente del Orden, La Empresa y la guerrilla del ELN, entre otros.

Colombia actualmente tiene cerca de 140.000 hectáreas de hoja de coca, casi la misma cifra del año de 1996, cuando se produjo el número más alto de este cultivo. Desde ese momento, Colombia adoptó la estrategia norteamericana de lucha contra la drogas, se fumigaron más de 1.5 millones de hectáreas, se erradicaron más de 500.000 hectáreas y se llenaron las cárceles de campesinos cocaleros. Al final, después de 20 años, la cifra de cultivos es prácticamente igual. Un rotundo fracaso de esa política.

Basado en ello, el Gobierno adoptó dos políticas diferentes. Por un lado, se continuó con la vieja estrategia de persecución a los cultivos, se estableció como meta lograr erradicar forzosamente 50.000 hectáreas. A la vez se creó el PNIS -Plan Nacional Integral de Sustitución-, el cual se inició bajo los parámetros del acuerdo de paz con las FARC. El PNIS arrancó lentamente, pero ha comenzado a dar resultados y su impacto solo se verá hasta dentro de unos ocho meses, cuando los acuerdos colectivos e individuales con las comunidades avancen.

Uno de los mayores problemas es que existe una gran presión para lograr la meta de la erradicación forzosa, ya que, es un objetivo del Gobierno, a la vez es el mayor desafío en materia de seguridad en tiempos de postconflicto, y además, y el apremio del Gobierno de Estados Unidos es inmenso. El propio presidente, Donald Trump, amenazó hace algunas semanas con una des-certificación. A la vez no todo los cultivos perteneces a campesinos cocaleros. También hay una gran cantidad de cultivos que le pertenecen a narcotraficantes, que luego los parcelan para que parezcan de pequeños productores. Sobre el terreno no es clara la diferenciación.

Hace tres semanas, cerca de 700 militares y policías llegaron a la zona a reforzar la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícito en Tumaco. Los campesinos comenzaron a agrupase para evitar la erradicación, algunos fueron voluntariamente, otros forzados por organizaciones criminales. A medida que los campesinos se acercaban a la Fuerza Pública, para formar los famosos cordones humanitarios, y con ello lograr sacar a los erradicadores, se produjo la masacre. Cuando los campesinos se encontraban a 500 metros se abrió fuego. La Fuerza Pública disparo a mansalva, no se sabe aún quiíen dio la orden. Lo cierto es que además de los muertos hubo cerca de una veintena de heridos. Como Tumaco existen otras seis regiones del país que corren el mismo riesgo.

Columna de opinión publicada en El País.com 

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