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La seguridad en tiempos de paz

Ariel Ávila Ariel Ávila, Columnistas, Conflicto, paz y posconflicto, Home noticias

En el libro se llega a una conclusión diferente. Se propone el fortalecimiento del cuerpo de Policía para zonas rurales. Actualmente la DICAR o Dirección de Carabineros y seguridad Rural, cuenta con cerca de 10 mil efectivos, y se hace necesario aumentar el pie de fuerza a por lo menos 50 mil, en un periodo de 5 años.

Colombia está a punto de abordar uno de los temas más espinosos en tiempos de paz, se refiere a la reforma al sector seguridad. Si bien, el gobierno nacional se ha esforzado en manifestar que las Fuerzas Militares no serán tocadas en el postconflicto, lo cierto es que todos los expertos nacionales e internacionales coinciden en que la reforma al sector seguridad es necesaria y urgente. Una reforma que busca dar cuenta de los retos nuevos que traerá la etapa de postconflicto. La necesidad se basa en tres premisas.

Por un lado, Colombia está adelantando un proceso para ingresar a la OCDE, y entre las exigencias y recomendaciones está claro que es imposible ingresar a este grupo de países con una Policía anclada al Ministerio de Defensa. O bien se crea un nuevo Ministerio de la Convivencia, o bien se lleva la Policía al Ministerio del Interior o se crea cualquier otra figura, pero lo cierto es que una Policía en las Fuerzas Militares es insostenible.

La segunda premisa, es que en muchas zonas del país las FARC crearon una estructura paralela de administración de justicia: Los bares no podían estar abiertos después de las 10 de la noche, las peleas entre borrachos eran multadas con 200.000 pesos, se sancionaba la infidelidad, mediaban en deudas entre habitantes de una comunidad. En fin, regulaban la vida social. En muchas zonas postfarc, las comunidades han denunciado que los atracos en carretera se han disparado, los conflictos entre vecinos y la violencia sexual han tendido a aumentar. Una campesina del Meta me dijo “porque no nos devuelven las FARC mientras tanto, porque esto esta invivible”. Se debe llevar Estado de derecho a estas zonas, con una seguridad no de choque sino que resuelva conflictos sociales.

La tercera premisa es que existe una descoordinación institucional para la seguridad y la convivencia ciudadana. Igualmente, existe una creciente demanda de la ciudadanía por mejoras en la seguridad tanto en zonas urbanas como en rurales. Por ejemplo, en materia de institucionalidad la pregunta es quien lidera, el Ministerio del Interior, la alta consejería para la seguridad y convivencia ciudadana, el Ministerio de Defensa o cada alcalde por su lado. Una discusión sobre la institucionalidad es fundamental.

El próximo 4 de mayo en el marco de la feria internacional del libro de Bogotá, se presentará el libro “Seguridad y Justicia en tiempos de paz”, texto liderado por el ex ministro de Justicia Jorge Londoño y el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación Ariel Ávila. Allí se trabajan todos los temas de reforma al sector seguridad y al sector justicia.

Por ejemplo, en los temas seguridad se abordan los cuatro grande retos en materia de seguridad rural y se propone una gran de reforma a la Policía Nacional, que pasa por su fortalecimiento inmediato. Sobre el tema de la Policía Nacional existen tres grandes opciones. La primera que es liderada por el Ministerio de Defensa es que en general todo sigue igual, solo se dio un cambio en las prioridades en materia de seguridad y la idea de unas Fuerzas Militares multifuncionales. Pero en general todo seguiría igual. Al otro extremo se propone la creación de una Gendarmería Rural e incluso la creación de una Fuerza Transitoria para la Normalización.

En el libro se llega a una conclusión diferente. Se propone el fortalecimiento del cuerpo de Policía para zonas rurales. Actualmente la DICAR o Dirección de Carabineros y seguridad Rural, cuenta con cerca de 10 mil efectivos, y se hace necesario aumentar el pie de fuerza a por lo menos 50 mil, en un periodo de 5 años. Actualmente el 1% del territorio nacional, es decir, las principales ciudades se consumen el 49% del servicio de policía, y para el 99% del territorio solo queda el 51% el servicio del servicio de policía. Para ello se propone una reforma al andamiaje institucional, creando dos grandes jefaturas, la rural y la urbana, y que las demás especialidades queden subsidiarias de las anteriores. El organigrama es el siguiente:

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Además bajo un principio del DNP, la jefatura urbana tendría bajo su supervisión poco más de 500 municipios, que son las ciudades y grandes aglomeraciones. Por su lado, la jefatura urbana se encargaría de algo más de 600 municipios, que son los municipios rurales y rurales dispersos. Además el libro identifica cerca de 300 puntos rurales que deben cubiertos por la policía Rural en sus diferentes modalidades.

De lo que se trata es fortalecer la seguridad en el país, dando cuenta de los nuevos fenómenos que afectan la seguridad y la convivencia. El sector seguridad en Colombia se ha ido construyendo a partir la existencias de un conflicto armado, si este se acabó, es obvio que hay que cambiar, las preguntas son; cómo y cuándo.

Columna de opinión publicada en Semana.com

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