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La amnistía que no le quieren cumplir a los presos de las FARC

Ariel Ávila Ariel Ávila, Columnistas, Conflicto, paz y posconflicto, Home noticias, Prensa, Sala de Medios

Foto: El Heraldo.co 

La situación en las cárceles con los presos de las FARC es complicada y alarmante. Las demoras y saboteos para aplicar la amnistía tienen a más de 1.500 guerrilleros en desobediencia civil y a decenas de ellos en huelga de hambre. Se podría decir que las FARC hasta el momento han cumplido en prácticamente todo y el Estado colombiano en prácticamente nada, ni siquiera en las excarcelaciones.

Se suponía que para el mes de febrero ya todo estaría resuelto, sin embargo, los días pasan y cada vez hay mayor descontento en la base guerrillera. En las zonas veredales y en las cárceles se habla de traición por parte del Gobierno, de incumplimiento, y algunos guerrilleros han comenzado a salirse de las zonas y a reincidir debido a la inseguridad jurídica. Esta situación, incluso, ha llevado a que uno de los jefes de las FARC iniciara hace algunas semanas una huelga de hambre. En las cáceles también se ven todo tipo de protestas: 1.784 de estos presos están en desobediencia civil, de los cuales 1.565 están en huelga de hambre (1.515 hombres y 50 mujeres), y 45 de ellos con las bocas cocidas.

Las condiciones para lograr los beneficios son relativamente sencillas y claras: primero, aparecer en el listado que entregó las FARC; segundo, la certificación de que se es guerrillero por parte de la oficina del Alto Comisionado para la Paz, exigencia del Gobierno para evitar los famosos “colados”, criminales que se pueden hacer pasar como miembros de la guerrilla; y tercero, la suscripción de un acta por parte del guerrillero beneficiado en la que se compromete a presentarse a la Jurisdicción Especial para la Paz (o JEP), que es el modelo de justicia transicional.

La rama judicial que es la directa responsable de esta situación ha tenido tres comportamientos. Por un lado, un grupo de jueces manifiestan que la ley no es clara y que el decreto tampoco, por tanto tiene miedo de aplicarla ya que podrían caer en alguna ilegalidad, y acá vale la pena decir que la ley y decreto son muy claros. Por otro lado, y como era de esperarse, la rama judicial se está aprovechando cínicamente de la situación del Gobierno. Es decir, se aprovecha de esta crisis, en la que el Gobierno está maniatado, para exigirle mayor presupuesto, mayores salarios y mayores prebendas laborales. Dejándolo más claro, los jueces, en lugar de estar a la altura de las necesidades del país, parece que están aplicándole una suerte de “extorsión” al Gobierno. Y, finalmente, el tercer comportamiento se deriva de prejuicios y sabotajes: algunas versiones indican que varios jueces, entre ellos uno del departamento de Boyacá, afirman que no van a “liberar terroristas, ni a hacerle favores a guerrilleros”.

Días atrás, el Gobierno nacional afirmó que emitirá un nuevo decreto explicativo para evitar las dudas de los jueces. En otras palabras, se emitirá un decreto que explica el decreto que se hizo en febrero para explicar la ley. Solo en un país como Colombia ocurre algo así.

Las FARC se desarmaron el pasado 27 de junio y le cumplieron al país prácticamente a cambio de nada, y eso que el Estado colombiano ni siquiera ha terminado las zonas veredales donde los guerrilleros están concentrados. Algo que parece increíble: cumplieron primero los ilegales que el Estado, pero esto en Colombia no es nada nuevo.

Columna publicada en el El país de España