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¿Dónde está Uber?

Ariel Ávila Ariel Ávila, Bandas Criminales, Columnistas, Conflictos Asociados al Desarrollo, Grupos Armados Ilegales, Home noticias, Prensa, Sala de Medios

En el año 2001 los empresarios Gabriel Vásquez, John Uber Hernández Santa, y Claudia Rocío Solórzano Posada fundaron la comercializadora Goldex con un capital que no superaba los 10 millones de pesos y pocos empleados. El objetivo era comercializar oro al exterior. Sin embargo, su actividad real fue la de comprar oro ilegal para luego blanquearlo mediante exportaciones para así retornar el dinero a Colombia. Para este juego utilizaron empresas mineras legales y crearon empresas fachadas, casi el 80 por ciento eran proveedores falsos. Las empresas funcionaban en Antioquia, Córdoba, Santander, Chocó y Huila.

La fachada de Goldex se empezó a derrumbar en 2011 cuando el Ejército logró incautar una importante cantidad de oro ilegal. Allí comenzó a desmoronarse el gran imperio de la ilegalidad. El operativo criminal contaba con decenas de retroexcavadoras, cada una avaluada en 800 millones de pesos y dragas con costo comercial de 300 millones. Con el pasar de los días se logró determinar que la actividad ilegal se hacía con el conocimiento y complicidad de las gobernaciones, alcaldías y parte de la fuerza pública. Estas entidades eran las encargadas del control de maquinaria amarilla y de los certificados de exportación para el oro.

Inicialmente, el hecho fue puesto en conocimiento de la Policía judicial del extinto DAS, quienes trasladaron el caso ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Los funcionarios de la Uiaf, junto con la Fiscalía General, iniciaron un análisis de inteligencia durante más de 3 años en el que encontraron una serie de movimientos financieros irregulares donde el monto era multimillonario. En el estudio se hizo un barrido sobre los proveedores de la empresa Goldex. De unas 6.000 empresas relacionadas con la comercialización y explotación de oro que figuraban como supuestos proveedores de Goldex y que estaban domiciliadas en las comunas de Medellín o en pueblos de Chocó, ocho de cada diez fueron imposibles de localizar o sencillamente no existían.

Entre 2007 y 2014 Goldex habría lavado más de 2,9 billones de pesos y evadido más de 910.000 millones de renta minera, según la Fiscalía y la Contraloría; con lo que se habrían podido construir miles de viviendas gratis, miles de kilómetros de carreteras o sanear en parte la crisis financiera de las universidades públicas. Para la DEA, Goldex pudo haber comercializado alrededor de 40 toneladas de oro bruto a Estados Unidos, valoradas en aproximadamente 1.265 millones de dólares, muchas de estas exportaciones eran falsas.

El pico más grande de exportaciones de Goldex fue en 2012, cuando registraron 114 declaraciones de exportación estimadas en 389,2 millones de dólares. La Fiscalía estableció que desde 2012 se dispararon estos movimientos hacia el extranjero y para cuando inició la liquidación, Goldex representaba el 13 por ciento de las exportaciones de oro del país.

El negocio era redondo, ya que una gran cantidad de dinero iba a parar a organizaciones criminales; de hecho, varias de las zonas de donde salía el oro ilegal eran controladas por el Clan del Golfo o en su momento por Los Rastrojos. Otra gran cantidad de dinero iba para el mundo político, se presume que Goldex llegó a financiar campañas en 82 alcaldías y 7 gobernaciones, además de campañas a asambleas departamentales. Hay bastante correlación en departamentos como Chocó, Córdoba, Guaviare y Santander.

 Al respecto de los responsables, Uber Hernández, cabeza de Goldex en el país, fue capturado el 20 de enero de 2015. Los delitos de los cuales se le acusaban eran de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Otros 18 de sus socios y colaboradores también fueron capturados previamente. En marzo de 2016, se incautaron más de 20 bienes avaluados en 6.000 millones de pesos en diferentes zonas del país, según la Fiscalía. Hay quienes dicen que Uber no era el cerebro principal de Goldex, la persona detrás era el empresario Gabriel Jaime Vásquez Guerrero.

Pero pese a todo el esfuerzo realizado por la Fiscalía y las unidades de inteligencia financiera, una decisión de la jueza 24 penal de control de garantías de Medellín, que pasó desapercibida para la opinión pública, el 19 de agosto de 2016, decidió dejar en libertad a John Uber Hernández por vencimiento de términos en su proceso. Aunado a ello, se ha podido demostrar que el entramado del multimillonario lavado de activos logró silenciar las autoridades empeñadas en investigarlos, pues se presume que información sensible de las investigaciones fue filtrada y con diferentes artimañas lograron fabricar pruebas falsas o coartadas para lograr desvirtuar el proceso.

Daniel Coronell y la Contraloría demostraron cómo esta red podría también estar detrás de la muerte, en junio de 2014, de la auditora del grupo de vigilancia fiscal en Chocó, Consuelo de Jesús Echeverry Sánchez, quien investigaba la liquidación de regalías por explotación de oro al municipio de Alto Baudó, Chocó, por parte de 12 empresas que tampoco existían. En su momento se dijo que se trató de un suicidio, luego de un accidente casero y finalmente un robo. Por este caso alias Blanquito o Cabezas fue condenado a 19 años de prisión. Otros dos homicidios más estarían relacionados con las investigaciones.

En  Chocó, en Alto Baudó e Itsmina, se presentaron casos vergonzosos. En el caso de Alto Baudó sus regalías pasaron de 1.932 millones de pesos en 2012 a 5.847 millones entre 2013 y 2014. Según la Alcaldía, el municipio tiene una población de 5.800 habitantes, quienes se dedican a la agricultura y la explotación forestal. La minería no era siquiera nombrada como actividad principal. Situación similar se presentaría en el municipio de Itsmina, donde las regalías en 2012 fueron de 3.690 millones de pesos y en 2013-2014 llegaron a 8.451 millones. Se sabe, según las investigaciones, que lanchas ultrarrápidas salían cargadas de cocaína a Centroamérica y regresaban con oro, que posteriormente era blanqueado por municipios no mineros. Era un negocio redondo.

Lo que la Fundación Paz y Reconciliación logró determinar es que gran parte de las estructuras políticas financiadas en los 82 municipios y siete gobernaciones tienen sus maquinarias dispuestas para las elecciones de 2018. Hasta el momento en la Fiscalía estas investigaciones no han avanzado, todo está congelado. No avanzan las investigaciones contra los políticos.

Seguramente, cuando en la Fiscalía se lea la presente columna, se armará algún show con el tema de las Farc o la JEP, al mejor estilo de Cambio Radical, esa cortina de humo servirá para que el país siga olvidando a Uber y sus cómplices.

Columna de opinión publicada en Semana.com