La guerra contra las mujeres en Samaniego

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Por: Línea conflicto, paz y postconflicto-Pares

Yessica Yadiana Álvarez no va a cumplir 18 años, tampoco va a terminar noveno grado en el colegio Simón Bolívar de Samaniego, ni va a regresar a su casa. La noche del 6 de abril la mataron a unos metros de su puerta.

Su feminicidio es uno de los 10 que se han perpetrado en esta zona del departamento de Nariño en los últimos 18 meses.  La historia se repite: a Margareth Lagos Leyton la mataron en noviembre de 2016 justo antes de celebrar su cumpleaños, a Yurani Ortega le dispararon 8 veces delante de su hijo en noviembre de 2017. El nueve de enero de 2018 el cuerpo de Diana Vanessa Sapuyes Santander fue encontrado con múltiples traumatismo, especialmente en el rostro, semidesnudo y con la ropa interior desajustada, por debajo de la rodilla. El 27 de marzo mataron a la profesora Yaneth Adriana Ruano Bastidas del Colegio Simón Bolívar. El día 25 de abril fue asesinada Karen Pai Castillo, de 30 años de edad, a las 8:00 de la mañana en la vía que conduce a Villa Esperanza, después de dejar a su hija de siete años en el colegio.

A los nombres de Yessica, Margareth, Yurani, Diana Vanessa, Adriana y Karen se suman los de Diana Legarda, Johana Toro, Maruja Caicedo y Tatiana Andrade, de acuerdo a lo reconstruido con testimonios de habitantes de Samaniego y lo registrado por medios locales. Todas fueron asesinadas de manera sediciosa y algunos de los casos presentaron violación sexual.

Los samanieguenses esperan garantías de seguridad de sus vidas y explicaciones de los hechos por parte de las autoridades, ya que, como lo dice una funcionaria del colegio Simón Bolívar, las investigaciones “han quedado ahí y nunca se sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó con las compañeras. ¿Por qué la demora de los medios de comunicación en hacer un llamado a las autoridades para que dirijan la mirada a este lugar?”.

Samaniego es un pueblo que ha sido golpeado fuertemente por la violencia, especialmente por la presencia simultánea de narcotráfico, guerrillas, paramilitares y fuerzas armadas. Este clima de violencia se ha intensificado en los últimos 20 años.

Ante la grave situación de inseguridad y ola de asesinatos que están ocurriendo en Samaniego, el 4 de abril de 2018, la sub dirección del Sindicato del Magisterio de Nariño (SIMANA) convocó a una marcha de luto en defensa de la vida y la dignidad humana. En ella participaron la comunidad educativa del municipio, maestros y estudiantes de diferentes instituciones, quienes marcharon en rechazo al asesinato de la docente Adriana Ruano y en contra de la violencia.

La movilización finalizó en el parque Sol Andino acompañada de una misa y un rechazo público a cualquier acto de violencia. Luego de esta manifestación se reunió un consejo de seguridad donde las autoridades acordaron ofrecer una recompensa de hasta 25 millones de pesos por información sobre los autores del crimen de la profesora Ruano y de otros ocurridos en el municipio de Samaniego. Hasta el día de hoy, las autoridades no se han pronunciado sobre autores ni móviles de los crímenes.

Los Feminicidios un asunto público

La antropóloga argentina Rita Segato, quien en el mes de abril visitó las ciudades de Cartagena, Medellín y Bogotá, analiza los feminicidios ocurridos en la ciudad de Juárez, México, en el marco de un conflicto por narcotráfico y violencia en el año 2004. Una de las conclusiones más importantes de esta antropóloga, es que se debe entender este hecho social como una expresión de una sociedad que hace uso de una “pedagogía de la crueldad” para destruir y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el arraigo local y comunitario. Es, en ese sentido, que el ejercicio de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres “no son otra cosa que el disciplinamiento por medio de la aniquilación”, dice Segato.

Los medios suelen catalogar los asesinatos contra las mujeres como “crímenes pasionales” o de “faldas”, pero son crímenes de poder que no pueden ser reducidos a problemas privados.  Son una expresión social de misoginia y un dispositivo de control de la población por medio de la escritura que se hace en los cuerpos de las mujeres, este tipo de asesinatos deben ser comprendidos como amenazas públicas generalizadas, por parte de sectores que quieren tener el control de la población.

En el caso de Diana Vanessa Sapuyes, los medios locales atribuyeron el móvil de su asesinato a que recientemente se había separado de su esposo y empezaba una nueva relación. En el de la profesora Ruano se rumoró que o fue venganza de un grupo de alumnos que consumían sustancias psicoactivas en la institución Simón Bolívar, o que se trató de un “crimen pasional”. Y en el caso de Yessica se dijo que tenía relaciones con hombres involucrados dedicados a actividades de narcotráfico en el pueblo.

También es recurrente la catalogación del agresor como “piscópata” o enfermo, lo que sesga la compresión del problema, puesto que la inmensa mayoría de agresiones sexuales o asesinatos a mujeres son cometidos por personas sanas sin enfermedades mentales, que son cercanas a ellas  y que han recibido crianza y educación que se considera dentro de los “parámetros normales”. Las agresiones no solo se limitan al asesinato, están asociadas a expresiones cotidianas de violencia contra las mujeres que anteceden este último grado de agresión.

Según el Observatorio de feminicidios en Colombia, solamente en el mes de marzo se presentaron 72 feminicidios, 22 casos de feminicidios en caso de tentativa, 12 casos de maltrato físico y 8 casos de acceso carnal violento en el país.

El primer informe del Observatorio de Género y Medios de Comunicación de la Universidad Central y la campaña No es hora de callar analizan las publicaciones relacionadas con esta clase de delitos en veinte medios de comunicación, entre marzo de 2015, fecha en que se sanciona la Ley 1761 contra el feminicidio, hasta septiembre de 2017. Concluyen que el 90% de las notas periodísticas no hacen seguimiento ni una investigación juiciosa sobre el proceso judicial, y que en ellas se utilizan expresiones como “crimen pasional, celos e infidelidad”, esto conduce a una situación de revictimización que agravar las consecuencias del crimen del que se pretende informar. Esto termina por generar un relato social que reduce las causas de asesinatos de mujeres a un problema que no se considera público, sino privado e íntimo: la pasión. Con ello, se sientan las bases para que se crea que no es un problema del conjunto de la sociedad, sino un asunto entre personas, lo que termina por cerrar el broche de la impunidad y de la inacción social frente a este gran problema social y político.

Es urgente la capacitación de autoridades, medios de comunicación y población de Samaniego para aspirar a un cese de la guerra contra sus habitantes, una guerra que en particular se libra contra las mujeres. Samaniego necesita protección, justicia y reparación, para todas y todos su pobladores, pero además necesita enfocarse en el reconocimiento y rechazo de la violencia contra las mujeres que tiene un preocupante lugar en el municipio.