¿Sacar la violencia de la política o la violencia nos sacará de la política?

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Por Alejandro Jiménez González, investigador

En vísperas de las elecciones legislativas de este año, vale toda la alegría – más no la pena – resaltar que serán las primeras elecciones con una guerrilla convertida en partido político, cuyo debut en la arena política será luchando por votos y no por restringir la contienda electoral. A esto se suma la declaración de la rezagada guerrilla del ELN de cesar hostilidades durante tres días para el correcto funcionamiento de la jornada del 11 de marzo, a modo de gesto unilateral de paz. Es verdad que hace dos décadas atrás hubo movimientos guerrilleros colombianos que dieron el salto cualitativo para participar desde la legalidad en la política, no obstante, el gran hito histórico que marca la actual coyuntura se da por la claudicación del uso de las armas como forma de hacer política ante un gran clamor por la paz y de la necesidad de una reconciliación nacional y política.

Con el Acuerdo de paz de La Habana se abrió la ventana de oportunidad para repensar una posible participación en el sistema democrático de personas y movimientos sociales y políticos, que hasta el momento habían estado ajenos y relegados de cualquier toma de decisiones en el país como lo han sido organizaciones de víctimas, inclusive tendrían acceso quienes durante 53 años tomaron la decisión de empuñar las armas para romper ese cerco excluyente que se levantó alrededor del ejercicio del poder político legal. Esto tomó forma bajo la premisa de la llamada apertura democrática, idea que sólo podrá ser realizable siempre y cuando la violencia sea expulsada de la política; con el tránsito de una guerrilla a movimiento político sin armas y con la extirpación de criminales y mafiosos que han cooptado el sistema electoral colombiano.

Sin embargo, ante los acontecimientos de violencia presentados en los últimos días durante el desarrollo de la campaña electoral, llevan a plantear distintos interrogantes – sólo me detendré en los cometidos contra miembros de FARC-: ¿Por qué no nos parece que son unos contendientes políticos validos dentro del sistema electoral? ¿Qué hace que la cárcel sea la mejor salida para otorgar un castigo y no la concurrencia en un sistema de justicia transicional para aquellos que participaron en un conflicto armado? ¿Por qué no hacerlos partícipes de diálogos equitativos para intercambiar ideas y propuestas de país que deberían ser llevadas al legislativo? ¿La mejor muestra del ejercicio de la democracia colombiana es el garrote, los huevos, las piedras y, en el peor de los casos, las balas? ¿Nos ufanamos de ser la democracia más antigua de América Latina, pero tenemos una sociedad con comportamientos eminentemente fascistas?

Entre febrero y marzo del año pasado el país presenció el desarme de los hombres y las mujeres que durante años empuñaron un arma como forma de ejercicio de poder, ahora, se presentan ante nosotros despojados de un instrumento bélico pero dotados de voluntad para transformar no solo el imaginario que teníamos sobre ellos sino también los repertorios de acción en la exigencia de derechos y construcción de país. Un momento en el que Colombia pudo verse nuevamente al espejo y reconocerse así misma como una nación en cimentación tras muchos años de dolor.

Si bien no es la primera vez que hay un proceso de paz en Colombia, éste ha sido catalogado por la comunidad internacional como uno de los mejores hasta ahora alcanzados, a pesar de las imperfecciones evidenciadas en los quince meses que lleva la implementación de los Acuerdos firmados en el Teatro Colón. En efecto, una consecuencia de lo anterior es la negativa a construir a partir de ideas, argumentos y con discusiones enriquecedoras para la esperada apertura democrática.

Las heridas de la guerra no pueden ser sanadas si nos empeñamos exclusivamente en hurgar en ellas para repetir el traumático ciclo de violencia y no en la recuperación de la memoria colectiva para la reparación de las víctimas. Mecanismos como el sistema de justicia transicional encarnado en la JEP y la Comisión de la Verdad serán los encargados de hacer una reconstrucción ética y categórica sobre la dignidad humana, a partir del recuento de los episodios más dolorosos que han dejado más de cinco décadas de un conflicto armado interno. Un reconocimiento y resarcimiento de los errores para no volver a caer en ellos, lo cual requiere de la pluralidad de relatos existentes y, antes que nada, la restauración de derechos a quienes padecieron el rigor del conflicto. Si estamos en el camino por acabar con el gran espectro de la guerra, ¿cuál es el miedo ahora?