Las Fundaciones Forjando Futuros y Paz y Reconciliación han venido desarrollando una labor de seguimiento a la aplicación de la Ley de víctimas y Restitución de Tierras, presentado informes periódicos a la opinión pública nacional y al mismo Gobierno Nacional, elevando propuestas para superar los obstáculos que en el terreno ha presentado la puesta en marcha de la norma.
La Restitución de Tierras sigue estancada, ni la orden de la Corte Constitucional al Gobierno Nacional, más exactamente a la Dirección de la Unidad de Tierras, para que elabore un plan en 6 meses contados desde noviembre de 2015 y así cumplir con la meta de restituir todos los predios despojados en el marco del conflicto antes de 2021, ha logrado agilizar el proceso.
De 87.118 solicitudes presentadas ante la Unidad de Tierras, sólo han sido resueltos 2.943 casos que representan 197.927 hectáreas restituidas.
Hoy, cuando estamos a cuatro años del inicio de la implementación de la Ley de víctimas, damos a conocer un análisis, por departamento, a las 1.500 sentencias de restitución que se han emitido por los jueces de tierra, en donde concluimos que el proceso de Restitución de Tierras, No Avanza, y hemos observado que en la mitad del tiempo que tiene el Gobierno Nacional para restituir, sólo ha realizado el 3.4% del total de las solicitudes.
Y, mientras esto sucede, con preocupación vemos que el procurador Alejandro Ordóñez visita al municipio de San Ángel, en el Magdalena, uno de los municipios donde se firmó los primeros pactos entre políticos y el paramilitar Jorge 40, para liderar un encuentro con unos dos mil campesinos que se oponen la aplicación de la norma y sectores políticos consolidan el plan desde las regiones de desprestigiar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras queriendo acabar con el único mecanismo que ha implementado el Gobierno para atender a las víctimas.